05-08-10 | Política
Duras críticas a los camaristas que sobreseyeron a D'Elía por la salvaje toma de una comisaría
El fiscal general Germán Moldes pidió la nulidad del fallo de la Cámara Federal. "No se puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege la expresión 'protesta social' para satisfacer intereses particulares", aseguró
El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, criticó con dureza la decisión de los camaristas de salvar al piquetero Luis D'Elía por la brutal y salvaje toma de la comisaría de La Boca en 2004. Mediante un escrito dado a conocer ayer, Moldes pidió se anule el sobreseimiento del líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV).
Se trata de un dictamen presentado ante la Cámara de Casación en el que se pide seguir investigando a D'Elía por los hechos de violencia ocurridos, ya que el acusado fue sobreseído por prescripción de la acción penal.
"El poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege la expresión 'protesta social' para satisfacer intereses particulares ni a los que, funcionales a su accionar delictivo, desobedecen las órdenes judiciales de restablecer el orden quebrado por el ilícito", dice el dictamen.
También sostuvo que "no se busca "criminalizar la protesta sino que hasta aquellos autores mejor predispuestos a la tolerancia a ultranza de las consecuencias de la protesta social en las sociedades contemporáneas se vean obligados a reconocer los inevitables límites del fenómeno".
"Los hechos que se encuestan en este legajo no tienen nada que ver con la protesta social" "aquí no hay trabajadores que reclaman salarios impagos, huelguistas que reivindican mejores condiciones laborales, cesantes que exigen reincorporación, contribuyentes que demandan por la deficiencia de un servicio público o vecinos que reprueban una instalación contaminante", agregó.
Luego se refiere a la "salvaje agresión" por parte de quienes estaban en las mejores condiciones de aportar factores de convicción a las autoridades legítimas que debían investigar el homicidio de Cisneros (el dirigente social),ocurrido antes de la toma de la comisaría 24a.
La Cámara de Casación, máximo tribunal penal, deberá decidir la suerte de D'Elía y de los dirigentes piqueteros Ángel Borello y Luis Alberto Bordón. Deberá confirmar la prescripción del caso, algo que ratificó la Cámara pero que no coincide con la decisión del juez de primera instancia.
Moldes remarca que D'Elía era funcionario público cuando se produjeron los hechos y que el líder piquetero nunca mostró señales de arrepentimiento.
Se trata de un dictamen presentado ante la Cámara de Casación en el que se pide seguir investigando a D'Elía por los hechos de violencia ocurridos, ya que el acusado fue sobreseído por prescripción de la acción penal.
"El poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege la expresión 'protesta social' para satisfacer intereses particulares ni a los que, funcionales a su accionar delictivo, desobedecen las órdenes judiciales de restablecer el orden quebrado por el ilícito", dice el dictamen.
También sostuvo que "no se busca "criminalizar la protesta sino que hasta aquellos autores mejor predispuestos a la tolerancia a ultranza de las consecuencias de la protesta social en las sociedades contemporáneas se vean obligados a reconocer los inevitables límites del fenómeno".
"Los hechos que se encuestan en este legajo no tienen nada que ver con la protesta social" "aquí no hay trabajadores que reclaman salarios impagos, huelguistas que reivindican mejores condiciones laborales, cesantes que exigen reincorporación, contribuyentes que demandan por la deficiencia de un servicio público o vecinos que reprueban una instalación contaminante", agregó.
Luego se refiere a la "salvaje agresión" por parte de quienes estaban en las mejores condiciones de aportar factores de convicción a las autoridades legítimas que debían investigar el homicidio de Cisneros (el dirigente social),ocurrido antes de la toma de la comisaría 24a.
La Cámara de Casación, máximo tribunal penal, deberá decidir la suerte de D'Elía y de los dirigentes piqueteros Ángel Borello y Luis Alberto Bordón. Deberá confirmar la prescripción del caso, algo que ratificó la Cámara pero que no coincide con la decisión del juez de primera instancia.
Moldes remarca que D'Elía era funcionario público cuando se produjeron los hechos y que el líder piquetero nunca mostró señales de arrepentimiento.
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