Respuesta internacional a la crisis en Venezuela: demasiado poco y demasiado tarde

Conmueve profundamente la imagen del puente internacional Simón Bolívar, colmado de venezolanos de todas las edades tratando de cruzar la frontera para buscar en Colombia un alivio al hambre y a la enfermedad que los persiguen. Las cifras detrás de la diáspora son escandalosas. Se estima que más de 37 mil personas cruzan a diario ese puente y han emigrado en total más de tres millones, o sea, el 10% de la población. Ya se compara esta corriente migratoria forzada con los desplazados en Siria o en Myanmar.

Pero lo que el mundo presencia con estupor y dolor es solo un emergente de la profunda crisis que está viviendo el pueblo venezolano bajo la dada en llamar narcodictadura de Nicolás Maduro, una crisis que ya toma visos de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región.

Es claro que hoy no se cubren en Venezuela las necesidades básicas de las personas, excepto las de la élite cercana al poder. La escasez de insumos básicos para la vida, la falta de medicamentos en los hospitales, la desnutrición infantil que alcanza a un 71% de los niños menores de 5 años en los cuatro estados más pobres hace hasta ridícula la anécdota de la ausencia de papel higiénico en las góndolas de tiempo atrás. Este dato, que entonces pareció una nota de color, en realidad resultó anticipatorio de la tragedia que se vive hoy.

Pero es importante reflexionar que el nivel actual de deterioro humano no es causa sino efecto. Desde hace años en Venezuela se viene atentando contra las instituciones democráticas, las libertades individuales y la economía, al punto de la paralización de la mayor parte de las fuentes productivas. Desde el discurso populista de Maduro, como antes lo fue el de Hugo Chávez, los males de Venezuela provienen de las "conspiraciones imperialistas" orquestadas desde Estados Unidos. Moneda corriente en los gobiernos totalitarios en todo el mundo, el régimen no asume ninguna forma de responsabilidad sobre la situación y muchos venezolanos lo apoyan, al punto tal que, según recientes encuestas, Maduro cuenta con un 25% de aceptación popular y 50% de los encuestados todavía añoran a Hugo Chávez. Eso no es extraño: si se hiciera una encuesta en Corea del Norte, la inmensa mayoría de la población apoyaría decididamente a su querido líder Kim Jong-un, olvidando de plano las privaciones que sufren.

El punto es que todo esto no alcanza a enmascarar la quita de poderes a la Asamblea Nacional en control de la oposición en marzo de 2017, que fue considerada un verdadero golpe de Estado. Tampoco la persecución, el encarcelamiento y la muerte de opositores por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otras fuerzas, ni el exilio de altos funcionarios como el alcalde de Caracas hasta 2015, Antonio Ledezma, y la fiscal general Luisa Ortega. El problema es que la oposición muchas veces ha sido funcional a perpetuar la dictadura, al prestarse a diálogos y elecciones fraudulentas, que buscan dar al régimen un viso de legitimidad.

El punto de inflexión en la percepción internacional ha sido, tal vez, la masacre de El Junquito, un mes atrás, cuando perdieron la vida el policía sublevado Óscar Pérez y su grupo, una vez que se habían entregado a las fuerzas gubernamentales.

Sin embargo, hasta ahora, la respuesta internacional frente a la magnitud de estos hechos ha sido muy escasa. En el nivel regional, algunas iniciativas del pasado impulsadas por el secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fueron elegantemente desestimadas. El advenimiento de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos trajo aparejado un endurecimiento de las sanciones económico-financieras a individuos y empresas relacionados con el régimen de Maduro, no obstante, las compras de crudo que totalizan un 20% de las exportaciones venezolanas continúan. En paralelo, la Unión Europea también aplicó sanciones, pero el Gobierno venezolano se siente respaldado por Rusia, China e Irán.

Tres hechos recientes orientan el panorama hacia una reacción internacional más contundente. En primer lugar, la Corte Penal Internacional con sede en la Haya, a partir de diversas denuncias, iniciará una investigación preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno durante 2017. Adicionalmente, se dio a conocer en los últimos días el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que documenta el serio deterioro y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país. Finalmente, el 14 de febrero, el Grupo de Lima, conformado por 14 países del continente americano, entre ellos Argentina, emitió una declaración de nueve puntos donde se rechazan, entre otros, las anómalas elecciones convocadas por el régimen, lo que impide al gobierno de Venezuela la participación en la octava Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima, y exhorta a Maduro a que permita la apertura de un corredor humanitario para mitigar la grave situación de la población y la cuestión de los desplazados.

Todo esto parece ser demasiado poco y llegar demasiado tarde. Entonces, la gran pregunta es cómo lograr a futuro un manejo internacional de la situación que permita evitar la catástrofe humanitaria que se avecina. En este sentido, existen diversas propuestas, algunas controvertidas, todas con sus pros y contras. Van desde paliativos en términos de acuerdos migratorios entre los países de la región receptores de venezolanos, el endurecimiento de las sanciones internacionales (que en regímenes despiadados van directamente a deteriorar el bienestar humano) hasta la suspensión de las compras de petróleo por parte de los Estados Unidos y otros adquirentes alejados del régimen. A esto se suma la posibilidad de intervención directa de una fuerza de paz multinacional en el marco legal de las Naciones Unidas, capaz de restituir el orden democrático y mitigar la emergencia humanitaria.

El presidente Mauricio Macri, en su última reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, ha abordado este tema candente, con lo cual se espera, como debe ser, un protagonismo de nuestro país en la búsqueda de soluciones efectivas que vayan más allá de lo declarativo.

Venezuela es un claro ejemplo de cómo un país que supo ser floreciente se debate hoy entre la corrupción, la falta de libertad y el empobrecimiento, a merced de un mal gobierno que lo lleva a una espiral de destrucción.

Es necesario que los líderes de la comunidad internacional y sobre todo los hemisféricos comprendan que el drama venezolano no está acotado a su gente y su territorio, sino que va más allá de sus fronteras, lo que plantea una profunda vulnerabilidad que concierne a todos los Estados en la región. En ese sentido, es imprescindible la adopción sin demora y en cooperación de firmes medidas dentro del marco de la legalidad, para detener el genocidio y reencausar al país hacia una genuina institucionalidad. Venezuela no puede esperar más.

La autora es presidente de la Fundación NPSGlobal.

@irmaar