El 2018 se proyecta con más personas incluidas y también excluidas

La economía sigue mostrando desde el comienzo del segundo semestre de 2017 buenas noticias al gobierno nacional, con índices de producción, empleo e incluso de las finanzas públicas que mejoran tanto respecto del mes previo como también en comparación con los muy malos datos del año anterior, que claramente fue un año de transición hacia lo que se definió como el "proceso de normalización general".

Sin embargo, no solo en el sector externo, sino también en el resto de la economía real se percibe que la reactivación se mantiene "amarreta", porque no logra revertir el efecto de la fuerte caída de 2016. De ahí que a 21 meses del cambio de Gobierno prácticamente no hay indicador que haya logrado equiparar los del 2015, aunque claro está, pocos olvidan que las estadísticas oficiales no eran confiables.

En el caso del sector externo, se advierte una situación particular, porque en el último año se liquidaron exportaciones retenidas y ahora no solo todavía no se advierte el efecto del aumento de las cosechas y de la recuperación del stock ganadero; sino que además se ve afectado por la baja de los precios internacionales; y del lado de las importaciones, por el contrario, ahora crecen impulsadas por la reactivación, y el efecto pleno del levantamiento del cepo. El resultado es el récord histórico del déficit de la balanza del intercambio comercial.

Pero en el resto de la economía se percibe que el gradualismo que eligió el Gobierno para "normalizar" las finanzas públicas, al parecer sin muchas alternativas dada su condición de primera minoría en ambas cámaras legislativas, le impide avanzar más rápidamente con políticas de gasto social que no solo impliquen una ayuda alimentaria y básica en lo inmediato, sino también que posibiliten incorporar al proceso productivo a una amplia porción de la población.

Las metas macroeconómicas para 2018 aparecen como realistas en lo que respecta a los niveles de actividad y de la demanda agregada, principalmente de consumo e inversión; y dudosas en lo referente a inflación y el supuesto del nivel de tipo de cambio, aunque en ese caso en un esquema de libre flotación significa solo un valor de referencia.

De ahí se desprende que el empleo global aumentará, cualquiera sea la elasticidad que se tome, entre un 0,4% muy conservador, y un 0,8% más optimista por cada punto porcentual que se eleve el PBI en términos reales.

Sin embargo, para los técnicos del Gobierno esa reactivación del empleo no llevará a que disminuyan la cantidad de familias que necesitan de una asistencia especial de subsistencia, porque sus ingresos se mantendrán muy por debajo del promedio general, habida cuenta de que proyectaron un nuevo aumento de los alcanzados por el subsidio de desempleo, aunque se mantiene en una ínfima proporción del total de desocupados: poco más de 97 mil respecto de unos 1,4 millones de personas.

También se prevé elevar por la misma restricción el alcance de la Asignación Universal por Hijo de 65 mil que se agregaron en 2017 a otros 190 mil en el próximo año, a un total de poco más de 4,1 millones de chicos, que se suman, con un importe sustancialmente menor a 4,4 millones de niños que cobran los padres que trabajan en relación de dependencia.

El anuncio extremadamente anticipado de la presentación de sendas reformas de la legislación tributaria y laboral, con la demanda de la sociedad de que baje la presión fiscal y se incentive la creación de empleos, no contribuye a generar expectativas sólidas de fuerte impulso de la inversión productiva para un año en el que tanto en el que en los tres niveles de Gobierno: nacional, provincial y municipal, como en el sector privado se plantean enormes desafíos para poder pasar de la etapa de la reactivación a la del crecimiento sustentable.