La salud y el acceso a los medicamentos de los argentinos no pueden estar relacionados con el lucro porque es un derecho humano esencial y así lo establece la Constitución Nacional, por eso nos preocupa el fuerte recorte presupuestario efectuado por el Poder Ejecutivo sobre la Agencia Nacional de Laboratorios públicos (Anlap), que reúne a 22 laboratorios públicos en 13 provincias del país.

En el Congreso Nacional presentamos un proyecto de declaración para poner en el debate urgente y hacer visible una situación que agravará la realidad de muchos ciudadanos. Es un error grave bajar los recursos destinados a los laboratorios públicos nacionales cuando debería aumentarse e incluso impulsarlos, ya que dan empleo a miles de trabajadores manuales e intelectuales en la producción de medicamentos y en la investigación, porque es también una forma de fomentar la investigación aplicada.

En enero de 2015, fue promulgada la ley 27113 que creó la Anlap, cuyo principal objetivo es promover y coordinar la producción pública de medicamentos. Ese año el Poder Ejecutivo había asignado a la Anlap un presupuesto de 150 millones de pesos, según artículo 67 de la ley 27198, pero en 2016 dicha agencia fue incorporada al Ministerio de Salud con sólo 4,72 millones de partida, remarcando un importante recorte presupuestario. Además, en lo que va del 2017 al día de hoy no fue ejecutado ni un peso.

Al incorporar a la Anlap al Ministerio de Salud bajo el programa de Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública, el dinero que le fue asignado resultó ser escaso para articular con los laboratorios que dependen de gobiernos provinciales y universidades, como el de Santa Fe o el de la Universidad de Córdoba. A esto se le sumaron irregularidades que impiden el buen desempeño, por ejemplo, la Anlap estuvo varios meses acéfala durante el 2016.

Es clave el papel de los laboratorios estatales si tenemos en cuenta que la Argentina cuenta con 14,4 millones de habitantes sin obra social ni medicina prepaga, que se atienden en los hospitales públicos, que son los principales destinatarios de programas de abastecimiento de medicamentos.

Es el Estado quien tiene la obligación de proveer medicamentos para todos sus programas, entre los que se encuentran los referentes al HIV, la hepatitis C, la tuberculosis y el mal de Chagas, entre otros. Los laboratorios privados no fabrican este tipo de remedio, o lo hacen a un alto costo, por lo que son denominadas "drogas huérfanas", y su elaboración se vuelve una tarea indispensable de los establecimientos públicos.

La valoración de la Anlap también viene dada porque llegó a producir el 9% de los medicamentos del programa Remediar, y la intención era llegar a cubrir el 20 por ciento.

Argentina históricamente ha sido ejemplo de producción de medicamentos, sin ir más lejos hoy el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) cubre el 100% de los medicamentos de la población sin obra social en la provincia de Santa Fe. Esto demuestra cómo la producción estatal puede ocupar un lugar estratégico en el suministro de medicamentos, ofreciendo respuesta a diferentes necesidades de medicinas o insumos similares. Así se cumple con la demanda de la salud pública y se usan de manera eficiente los recursos disponibles para atender a los más necesitados.

Otro de los asuntos que se vincula con este recorte y que estará en breve en las portadas de todos los diarios apenas se reglamente la ley de cannabis medicinal será justamente su producción en todas sus versiones (aceite, pastillas, etcétera).

La sancionada ley de cannabis medicinal incluyó la investigación científica y producción de preparados basados en cannabis. El texto de la ley autoriza la importación del aceite hasta que el Estado se encuentre en condiciones de producirlo, con prioridad para los laboratorios públicos nucleados en la Anlap. Esto evitará posibles negociados, por ejemplo, la empresa norteamericana que produce el aceite de Charlotte, que se importa a través de Anmat, ya está en Argentina haciendo lobby para incrementar su mercado y sus ventas. Cuando sean los laboratorios nacionales quienes produzcan las medicinas derivadas del cannabis medicinal, se verá el abaratamiento de costos y la garantía de seriedad del medicamento.

Por lo tanto, recortar, aplazar o no implementar políticas que incentiven y promuevan a los laboratorios públicos nacionales es ignorar un camino que beneficia a nuestros ciudadanos y a Argentina como país. ¿O qué intereses se están cubriendo? No es difícil deducir a qué industria se está protegiendo con esta política.

Insistimos en la importancia de que crezcan los laboratorios públicos nacionales porque garantizan la concreción de claras políticas públicas a favor de los argentinos. Porque es indispensable proteger a las personas sin obra social, facilitar el acceso y la seguridad del medicamento y mejorar la salud de aquellas personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad.

La autora es diputada nacional del Partido Socialista.