Desde 1983 la sociedad argentina decidió vivir en democracia, adoptar este régimen político como método de toma de decisiones posibilitando la libre participación de la ciudadanía, la libertad de expresión, la postulación de candidatos en elecciones libres y limpias y el respeto por la decisión soberana de la mayoría en la elección de gobierno.

Este retorno a una democracia estable como método de elección fue acompañado en esos primeros años en la década del 80 por una cultura política participativa y en defensa del respeto por las ideas del otro. La base democrática del sistema estuvo basada en el Juicio a las Juntas y en la certeza de una Justicia independiente.

El sistema democrático se mostró fuerte y consolidado frente a los intentos de golpe de Estado durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Asimismo, en la crisis de 2001 con la caída del Gobierno de la Alianza y la posterior renuncia de tres presidentes provisionales y con la salida anticipada de Eduardo Duhalde en 2002.

Normalizado el ciclo de mandatos presidenciales, la cultura política de convivencia pacífica y de resolución de los conflictos por la participación en el espacio público comenzó a arrojar alarmantes señales de enfrentamientos irreductibles.

Desde 2007, el conflicto entre argentinos recrudeció y ya no se mantuvo dentro del balance de la discusión democrática, franca y respetuosa. Desde el conflicto con el Grupo Clarín que protagonizó la ex presidente Cristina Fernández, todo tema que surge en el espacio público se polariza persistentemente. Desde un tema social, económico y hasta familiar, todo pasa a ser una disputa política infranqueable para el diálogo y el acuerdo. Deberíamos zanjar esto de un modo novedoso para la historia argentina.

Celebro y me pronuncio por el involucramiento y la participación ciudadana, observando con preocupación una politización por bandos opuestos irreductibles que golpea a la cultura cívica de los argentinos. Sí, golpea. El conflicto permanente, entendido como división polarizadora, produce la oclusión de  dos de los objetivos principales del sistema democrático: que el gobierno gobierne y que el ciudadano pueda influir en un papel activo de control.

Hoy la discusión constante, persistente en el espacio público por temas recurrentes conjuga en una sociedad que finalmente controla menos porque no puede ponerse de acuerdo en nada. Al mismo tiempo, el Gobierno necesita de más recursos para gobernar porque las demandas de la sociedad no llegan problematizadas desde la sociedad civil. Esta situación es lo que debe preocuparnos, la baja calidad de nuestra cultura política, pasamos de una cultura cívica del diálogo y del respeto por la opinión del otro a una cultura política de la descalificación y de la falta de confianza en el otro. La sociedad argentina redujo la confianza entre sus ciudadanos, hoy te interpela sobre de qué lado estás en lugar de articular posicionamientos basados en la mirada ideológica o práctica sobre una política pública. Asistimos, de esta manera, a una degradación de la esfera pública que finalmente es el sostén de las instituciones de la democracia.

La brecha entre percepciones, actitudes y la forma de actuar se agranda; todos participamos pero de una manera imperfecta, eligiendo un lugar y reafirmando pertenencia.

La sociedad actual se achica, se retrotrae a grupos primarios cada vez más pequeños de los que piensan igual. La diferencia no es aceptada ni valorada, ser iguales, pensar parecido se convirtió en una necesidad política. Paradójicamente, la democracia se basa en la diferencia, en clivajes políticos pero no en particiones insalvables con grupos homogéneos sino en un equilibrio entre diferencias y consensos.

En consecuencia, la confianza social para el debate decrece, no penetra en las relaciones políticas, los ciudadanos embanderados de uno u otro lado no cooperan entre ellos para controlar al gobierno de turno, es decir, la división (grieta) tiene consecuencias retrógradas, antidemocráticas y conservadoras porque a los ciudadanos se nos dificulta la asociatividad y el posterior control.

Divididos, separados perdemos habilidades para negociar políticamente, para colaborar y producimos más escisión que consenso. Nos movimos hacia la fragmentación política hostil en lugar de avanzar hacia el surgimiento de nuevos paradigmas que permitan el diálogo y la reconstrucción de una cultura política democrática.

Finalmente, la conflictividad reinante en la sociedad debilita la influencia de la ciudadanía sobre el gobierno. Recuperar esos valores, pensar más allá, permitir la innovación y el surgimiento de nuevos actores con nuevas ideas es un deber de todos los que hacemos política. Es imperioso que nos convoquemos rápidamente a desarmar el dispositivo de la división.

La recurrente respuesta a esta apuesta es que esta dualidad es constitutiva de nuestra historia. "Así nos construimos, unitarios contra federales, conservadores contra radicales, radicales contra peronistas, militares contra civiles". Quizás nuestro desafío consista en asumir que pasan cosas diferentes; que así como hemos recuperado nuestra democracia para siempre, el futuro se puede abrir. Siempre. Quizás podamos asumir que nuestro futuro pueda bien no ser una continuidad con nuestro pasado. Que podamos hacer algo diferente. Imaginarnos de otro modo. Que nuestros líderes en el sentido amplio de la palabra nos convoquen a esa otra experiencia sería un comienzo. Que diseñemos un nuevo escenario del debate sobre lo público.

Los líderes políticos poseen la autoridad para generar decisiones vinculantes para todos los ciudadanos pero, a la vez, sus actos son simbólicos, proveen a la sociedad un sentimiento de pertenencia, una relación de sentimiento colectivo.

Asumir la discusión de los temas del futuro, en una agenda acordada por los diferentes que se reconocen para debatir es el desafío que tenemos por delante. Mas no sea trazos de políticas a largo plazo. Lo demás, sería una repetición peligrosa.

El autor es legislador porteño, interbloque Evolución.