La reactivación favorece más a las provincias que a la nación

Por tercer mes consecutivo la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) superó en varios puntos a la tasa de inflación de los pasados 12 meses, a tono con la notable recuperación del ritmo de actividad de los grandes sectores de la economía y con claro efecto multiplicador, como la construcción y la industria manufacturera.

A partir de ahí las cuentas fiscales comenzaron a mostrar un apreciable giro positivo en el que la tasa de expansión de los recursos tributarios pasó a crecer más que el total de gastos primarios, esto es, antes de considerar los pagos de intereses de la deuda pública.

Pero desde inicio del año las principales beneficiarias de ese proceso han sido las administraciones provinciales y, de modo secundario, las municipales, porque los impuestos que se ocupa de cobrar la nación pero que luego distribuye en su mayor parte entre las 24 jurisdicciones fueron los que han crecido más que el promedio general.

En el caso particular de agosto, mientras que la recaudación total se incrementó 33,5%, las transferencias automáticas a las provincias se elevaron 38,2%; casi cinco puntos porcentuales más que el crecimiento nominal de la distribución a la administración nacional. Una brecha similar se observó en el acumulado de los primeros ocho meses del corriente año.

Se trató de 66.874 millones de pesos en el mes y 479.129 millones de pesos entre enero y agosto; cuando si las provincias hubiesen recibido de la nación el equivalente al incremento de la recaudación total que incluye los no coparticipables totalmente, como al comercio exterior, ni los que capta el sistema de la seguridad social, hubiesen recibido unos 2.300 millones de pesos menos en el mes, y 9.300 millones de pesos desde el inicio del ejercicio.

Semejante beneficio explica las mayores facilidades que están teniendo los funcionarios del Gobierno nacional para lograr consenso con los ministros de Hacienda y Finanzas de la mayor parte de las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país para avanzar en acuerdos de responsabilidad fiscal, destinados a equilibrar gradualmente las finanzas públicas, como también se comprometió la administración central, como parte de la política antinflacionaria.

Lamentablemente, aún no existe un organismo que a nivel nacional se ocupe de consolidar, con menos de dos meses de atraso, el resultado de las cuentas fiscales de cada una de las provincias, para corroborar que esos recursos extraordinarios se tradujeron en disminución de los déficit base caja.

Sin embargo, existe una señal: pese a ser este 2017 un año electoral en donde no sólo se renovarán cargos legislativos y los representes de muchas provincias, no se observó un desfile de gobernadores y ministros del interior al Poder Ejecutivo Nacional para reclamar mayor giro de fondos para aliviar sus cuentas públicas.

Inquieta la revisión del Fondo del Conurbano

Sólo se destacan dos casos puntuales: la provincia de Buenos Aires, que se ocupó de instalar la necesidad de la revisión del Fondo del Conurbano, y la de Santa Cruz, donde los principales afectados de su pésima administración financiera y de gestión son 70 mil chicos que aún no han empezado las clases.

Naturalmente, el primer caso no es un tema menor, porque según acordaron 16 gobernadores y 3 vicegobernadores en una reunión que mantuvieron en la Casa de San Juan, en el centro porteño existe preocupación porque temen que el reclamo de la provincia de Buenos Aires a través de la Justicia signifique un recorte de las transferencias automáticas al resto de las jurisdicciones.