La realidad no entiende a los buenos economistas

Mi amigo Murphy, el de la ley, decía "…que la realidad es sólo un caso excepcional –y uno agregaría perturbador- de la teoría económica". Algo de esto me pasó por la cabeza al leer la columna denominada "Qué Hay Detrás del Negocio de Exportación de Biodiesel", publicada en Infobae el 29 de agosto pasado, donde tácitamente fueron justificados los puntos de vista de los Estados Unidos en la investigación sobre dumping y subsidios que inciden sobre el comercio del aludido producto, a partir de un análisis de las diferentes tasas de retención fiscal que se aplica a las exportaciones argentinas del poroto, los aceites y el biodiésel de soja. El sustento teórico del columnista no se aparta gran cosa de lo que muchos hemos postulado, siempre que la reflexión y el relato no excluyan los ángulos sustanciales de la verdad. En mi caso se agrega, desde 2012, el constante vaticinio escrito acerca del incierto futuro que pesa sobre la agro-energía del Atlántico Norte en virtud de las actividades simultáneas del proteccionismo agrícola y del equivocado lobby que venían haciendo los productores de combustibles no renovables.

De este modo, y ante la falta de un académico estadounidense interesado en comentar los datos omitidos en el antedicho análisis, me gustaría usurpar, en estricta reciprocidad, el exigente papel de mostrar otras facetas del mismo problema.

Por lo pronto, es altamente llamativo difundir un ejercicio analítico sobre los diferenciales de retención, en medio de una investigación comercial de Estados Unidos, ante la incidencia que puede tener semejante punto de vista en las actuaciones oficiales en curso. También desconcierta la ausencia de otros datos relevantes de este viejo debate sobre política comercial, un área poco o mal entendida por la mayor parte de los economistas (los lectores interesados pueden revisar la voluminosa biblioteca acumulada sobre el tema, incluyendo en ello las referencias legales que se encuentran en el Analytical Index o Índice Analítico del ex GATT y la actual OMC; con ello comprenderán que no se puede entender la pata económica si se desconocen los derechos y obligaciones contractuales del Sistema Multilateral de Comercio). El Artículo XI:1 del GATT 1994 no prohíbe las retenciones y los intentos de cambiar esa interpretación fracasaron en forma persistente.

El público también sabe que el desarrollo de la investigación que se realiza en Washington pone en jaque exportaciones cercanas a los USD 1.200 millones anuales y el futuro de las inversiones y de las fuentes de trabajo sectoriales dependen de que encuentre una buena solución comercial.

El articulista de Infobae tampoco hizo intento alguno en reconocer que hay críticas similares a las que él empleó para caracterizar los diferenciales de retención fiscal, que son aplicables a los mecanismos y reglas de importación y subsidio que usan los dos grandes mercados que absorben el biodiésel argentino (Estados Unidos y la Unión Europea), un dato que si bien no sirve de mucho en la instancia meramente legal, puede ser un arma de negociación interesante para hallar soluciones intergubernamentales. En mi especialidad, nadie ignora que los diferentes niveles de retención a la exportaciones de nuestro país no tienen efectos económicos sustancialmente distintos a los que surgen de la existencia del "escalonamiento tarifario" a las importaciones, los subsidios y las medidas no arancelarias de diverso calibre que se aplican en los mercados que son recipiendarios de los productos que integran el complejo sojero de la Argentina.

Así, mientras en Estados Unidos la importación del poroto de soja tiene ​arancel cero, el aceite de soja está gravado con un arancel del 19,1% (​del 6% en la UE). A la vez, el biodiésel está gravado con el ​4,5% de arancel (a lo que debe agregarse el subsidio que reciben los refinadores locales de ese biocombustible,​ quienes ​por distintas vías ​embolsan otros USD 2 (1+1) por galón).​

Al discutir esa relación simétrica entre retenciones a la exportación y escalonamiento tarifario en las calientes sesiones del "Green Room" de Seattle ( durante la Conferencia Ministerial de la OMC efectuada en diciembre de 1999), mis colegas de la delegación de la UE Karl Falkemberg y Pascal Lamy (ex Director General de la OMC, entonces Comisario de Comercio de la UE), coincidieron, ante la sorpresa de la jefa del USTR, y de unos veintiséis Cancilleres, Ministros de Comercio y algún Ministro de Economía presentes, en que ambas medidas debían ser parte del mismo paquete de análisis. Ojalá el autor de la nota de Infobae pueda sumarse a este consenso extra-académico.

Otro ejemplar testimonio de proteccionismo de alta escuela que incide sobre el mercado de los biocombustibles, surge de la cocina de la UE. La Comisión utiliza ahora, en forma unilateral, métodos de cálculo y análisis para medir las emisiones que impulsan el Cambio Climático conocido como el ILUC (Indirect Land Uses Change o Cambio Indirecto del Uso de la Tierra), para fundamentar un creciente rechazo a emplear biocombustibles de base agrícola como los que suelen exportar la Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá e Indonesia.

Sin embargo, el singular protagonismo de estos enfoques está dado por la masa de subsidios que van a las materias primas agrícolas, entre las que figuran la producción local de los insumos del etanol y el biodiésel que hay en los mercados importadores. Me refiero al maíz, la soja y otros productos agrícolas que sirven para hacer el aceite y los biocombustibles que se intentan proteger de la competencia importada. Según la Fundación Cato, cuyos análisis son altamente creíbles, la masa de recursos globales destinados a sostener toda la agricultura estadounidense en estos días alcanzan, por lo bajo, a los USD 100.000 millones, de los cuales USD 75.000 millones están dirigidos a subsidiar el consumo popular (las Food Stamps o Estampillas Alimentarias).

Claro que muchos de estos debates serían prescindibles si la realidad entiende, de una vez por todas, el buen juicio que surge de usar estoicamente la teoría económica.

El autor es ex representante alterno de la Argentina ante la OMC; ex presidente en ejercicio del Comité de Agricultura de la OMC (1995/98); miembro del plantel de panelistas elegibles para los ​casos de solución de diferencias de la OMC; ex primer Presidente del Grupo de Negociación Agrícola del ALCA(1998/2000). Columnista de El Cronista y colaborador esporádico ​del Informe Económico Mensual de la USAL.