Hallazgo del avión siniestrado, el largo camino del después

Finalmente, a casi un mes de aquella tarde del 24 de julio, cuando un controlador aéreo se quedó sin respuesta de parte del piloto del avión bimotor LV-MCV y que, por razones que es de esperar que se aclaren debidamente, demoró más de la cuenta, según dicen los expertos, en activar los mecanismos de alarma correspondientes, la malograda aeronave fue finalmente encontrada.

Creo haberle contado, amigo lector, que, por esas cosas del destino, me tocó colaborar con algunas de las muchas tareas que denodadamente se hicieron para tratar de localizar el avión y sus tripulantes. Sería muy injusto no reconocer que lo único que vi en las fuerzas policiales y autoridades civiles involucradas en la tarea fue un esfuerzo extremo y una dedicación total. Me atrevo a afirmar que la abnegación y el sacrificio son una constante de nuestros servidores públicos y socorristas privados ante cada tragedia que azota nuestra patria.

Pero una vez que se acallan las sirenas de los equipos de socorro, se aquietan las aspas de los medios aéreos de rescate y las familias de las víctimas comienzan a elaborar su duelo, corresponde comenzar a preguntarse no sólo si se podría haber evitado la desgracia, sino si, siendo inevitable o inesperada, estamos a la altura de las circunstancias para obrar en consecuencia.

Para este caso en particular, sería irresponsable aventurar una conjetura. Un avión privado despega al mando de dos pilotos jóvenes pero habilitados legalmente para volar, las condiciones meteorológicas eran óptimas y el único inconveniente por ahora acreditado es que su posicionador satelital (Transponder) no estaba siendo captado por la torre de control. Sólo las pericias posaccidente podrán arrojar algo de certeza sobre lo que pudo haber ocurrido.

Ahora bien, la mediatización de esta tragedia hizo que la población en general comience a recibir información acerca de términos extraños como ser SAR, ANAC, EANA, Junta de Accidentes Aéreos y algunos otros.

Aprendimos que, una vez que se despojó a la Fuerza Aérea Argentina del control de la aviación comercial, se creó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que en la actualidad entiende en todo lo relacionado con la inspección y la habilitación de aeronaves y pilotos. También supimos que recientemente se creó la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que se ocupa de aquello que tiene que ver con el vuelo en sí, desde el despegue hasta el aterrizaje, incluidos obviamente los controladores aéreos. También recordamos que hay una junta de accidentes que se ocupará, a partir de ahora, de dilucidar qué es lo que pasó con el bimotor siniestrado.

¿Qué más aprendimos? Aprendimos que los tres organismos están en manos de profesionales con formación nada relacionada con el mundo de la aviación y con algunos conflictos interpersonales. También que todos ellos dependen del Ministerio de Transportes, del que asimismo dependen empresas de navegación aérea como lo son Aerolíneas y Austral, lo que configura un particular hito administrativo que hace que los entes controlantes y al menos dos empresas controladas tengan al final del camino el mismo jefe, el ministro de Transportes de turno.

De la misma manera, viendo el vasto operativo montado que incluyó aeronaves militares, policiales y civiles, buques de la Prefectura Naval y dos Armadas (argentina y uruguaya), más cientos de hombres y mujeres de a pie buscando en el terreno, nos preguntamos: ¿Quién afronta tremendo gasto?

Para este interrogante la respuesta es clara: el Estado argentino debe, en virtud de su responsabilidad SAR (búsqueda y rescate), afrontar estos gastos con fondos que taxativamente provienen de una parte de las tasas aeroportuarias que puntillosamente pagan los propios pasajeros. Pero esta contundente respuesta contrasta con las quejas provenientes de los propios agentes de ANAC que sostienen que el Ministerio de Transportes no asigna presupuesto para comprar medios propios para encarar estas tareas.

"Salimos a pedir ayuda a Prefectura Naval, Gendarmería, Fuerza Aérea y Policía Federal" me dijo con pena un funcionario de la autoridad aeronáutica nacional. Pero ¿cómo es posible que haya 200 millones de pesos para bicisendas y cero peso para algo por lo que el propio Estado nos cobra cuando viajamos?

Un alto jefe de una de las fuerzas federales involucradas en el rescate me confirma: "No hay compensación por los gastos, cada fuerza asume con su propio presupuesto lo gastado y, en algunos casos, hemos agotado las partidas asignadas para pagar horas de vuelo por varios meses". Como le dije antes, esto no fue óbice para que todos a quienes se les pidió ayuda dejaran de poner toda la carne en el asador hasta que finalmente se encontró el avión.

Minutos antes de escribir esta columna, un protagonista de la búsqueda que acaba de finalizar me acerca inquietantes imágenes donde se aprecia que en una pantalla de control aéreo los ecos radar se encienden y apagan aleatoriamente, desconcertando al controlador más entrenado. "Funciona así y estamos acostumbrados a que así sea" me acota con inquietante resignación. Pero otras fuentes consultadas sostienen que no es tan así, que todo es fruto de las internas.

Al mero efecto de despolitizar absolutamente mi entrega de hoy, lo invito a que reflexionemos juntos intentando inscribir esta situación dentro del estado general de lo que podríamos llamar "la cosa pública". Las redes eléctricas, de gas, las vías navegables, las calles, las rutas y por ende el control aéreo están como están y no podemos culpar a quienes en el presente detentan la conducción del Estado por todo lo que no funciona o funciona a medias. Pero tampoco podemos descansar sobre la estadística. Es decir, la mayoría de los trenes circula sin problemas, pero un día nos llega la tragedia de plaza Once y salimos corriendo a comprar trenes. Los boliches y demás lugares de esparcimiento funcionan, pero Cromañón desnudó la falta de controles en la materia. Los pescadores pescan hasta que la pérdida de diez vidas nos lleva a preguntarnos si no será hora de renovar la flota pesquera que tiene en promedio 50 años de antigüedad. Elija el rubro que quiera y la conclusión es la misma, actuamos pos facto, absolutamente siempre.

Por estos días el Ministerio de Transportes intenta retirar de manos de la Armada y de la Prefectura Naval buena parte de las incumbencias que ambas fuerzas tienen en el manejo de la Marina Mercante Nacional emulando lo ya hecho con la aviación civil. Con mayor autoridad profesional que la que tengo respecto a los aviones, podría decirle que suena lógico. Pero a la luz de lo absolutamente excedidas que están las posibilidades de planificación y control que tiene un ministerio que se ocupa mayoritariamente de monopatines, bicicletas y metrobuses, me permito recomendar que por ahora se intente poner orden en lo que ya tienen cargado sobre sus espaldas, tratando en lo posible de recordar aquel viejo dicho que nos enseña que "quien mucho abarca poco aprieta".