Policía y violencia de género

Nota escrita en colaboración con Inés Albergucci

Según el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 2016 "Derechos humanos en la Argentina", entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres civiles fueron asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires, y en un tercio de los casos el homicida fue un policía fuera de servicio. Hasta el primer semestre de 2015 y desde el 2010 se identificaron 20 femicidios cometidos por policías. Entre las víctimas, 13 fueron civiles y 7, policías.

Para el 2016 y según la investigación realizada por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, hubo 290 femicidios, de los cuales 72 mujeres murieron baleadas y 19 asesinos pertenecían o habían integrado fuerzas de seguridad. Esto indica que el 26% de las mujeres baleadas fueron asesinadas por un hombre con un arma de fuego provista por el Estado.

El uso de la fuerza en hechos de la vida privada tiene un fuerte impacto de violencia de género en los hogares de policías; muchos de estos conflictos terminan en la muerte de algún integrante del grupo familiar, en general sus parejas o ex parejas.

Uno de los debates que se ha dado frente a la sanción de la ley 5688 de sistema integral de seguridad pública ha sido la cuestión del "estado policial" y en particular lo referido a la portación del arma reglamentaria fuera del horario de servicio. No sólo por el riesgo que acarrea frente a la vida del personal policial sino también por sus consecuencias en relación con la violencia institucional, y de género en particular. La ley 5688 finalmente estableció la no obligatoriedad de intervenir fuera de su horario de servicio ordinario o complementario, sin terminar de restringir la portación del arma de dotación al horario de servicio.

La problemática de la violencia de género en el contexto policial tiene múltiples aristas. En lo que refiere a su actuación ante un hecho de violencia intrafamiliar o femicidio, es la policía, en muchas ocasiones, la primera instancia del Estado que se hace presente ante un hecho de esta naturaleza. De ahí la importancia de que cuente con herramientas, protocolos y una adecuada formación para una intervención respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género.

Otro aspecto de la problemática es la que se relaciona con lo referido inicialmente: la de los policías denunciados en causas de violencia de género o doméstica. Cuando el agresor o la víctima se desempeñan en una fuerza policial, debe ser la autoridad institucional y política la responsable de asegurar que el arma de propiedad estatal no agrave aún más el contexto de violencia. Estas medidas no pueden depender de una orden judicial para llevarla adelante, basta con una denuncia para que la autoridad política establezca la necesidad de restringir la portación del arma, porque el objetivo primero es la disminución del riesgo.

En este sentido, el proyecto de ley recientemente presentado busca establecer la restricción de la portación del arma de fuego reglamentaria a la jornada de trabajo, lo que evita su traslado fuera de la dependencia o el lugar específico donde presta servicios el personal policial denunciado por casos de violencia familiar, como así también medidas preventivas y asistenciales vinculadas con la intervención del personal policial en casos de violencia familiar o de género.

Esta iniciativa complementa el proceso administrativo de sanción conforme al régimen disciplinario de la Policía de la Ciudad, que incluso es independiente del desarrollo del proceso judicial que se desencadene.

Es imprescindible trabajar en el abordaje de las violencias en todas sus dimensiones. Estamos en un momento social clave para hacerlo y atender a cada una de las manifestaciones sociales que reclaman a todos los ámbitos de influencia más y mejores políticas públicas e intervenciones. Las instituciones del Gobierno de la Ciudad tienen que trabajar con nuevas categorías y deben propiciar nuevas prácticas si quieren realmente disminuir los hechos de violencia. La Policía de la Ciudad es parte de esa trama y por eso es importante establecer normas y parámetros de actuación claros que vayan en este sentido.

Gabriel Fuks es legislador porteño, bloque Corriente Nacional de Militancia.

Inés Albergucci es licenciada en Trabajo Social.