Jujuy dice la verdad

El jueves pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar mediante la que solicita al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala" y emplee "medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien (…) la fiscalización electrónica".

La prisión domiciliaria constituye una modalidad de arresto que se adopta en aquellos casos en los que, por determinadas circunstancias, la detención en cárceles comunes puede tornarse excesiva, riesgosa o inútilmente gravosa. En este sentido, no implica la ilegitimidad de la prisión en sí misma, sino que ofrece una solución alternativa a la detención en un establecimiento penitenciario común.

La decisión de la CIDH resulta muy significativa en el contexto de la campaña de descrédito que el kirchnerismo viene llevando a cabo contra Jujuy. Mientras los sectores ligados al gobierno anterior caracterizan a Sala como una presa política, apuestan a la desinformación y tildan de ilegítima a la detención de esta dirigente, la CIDH se limita a solicitar que se adopten modalidades de arresto alternativas. Vale decir: no pide el cese de la detención en sí, sino sólo que cambie su modalidad.

La CIDH guarda un silencio muy expresivo, en la parte dispositiva de su medida cautelar, respecto del cese de la detención que pesa sobre Sala. Esto demuestra que las operaciones de prensa digitadas desde la gestión anterior carecen de sustento: constituyen ataques malintencionados que no se condicen con las decisiones concretas y operativas de la CIDH en el caso. Es un contrasentido jurídico y lógico sostener que esta medida, que solicita la concesión de la prisión domiciliara a Sala, puede al mismo tiempo ordenar su inmediata liberación.

Aun así, los alfiles mediáticos del kirchnerismo han insistido con la fábula de Sala como una presa política. Esta narración quedaría "ratificada" por la medida cautelar, según el periodista Horacio Verbitsky, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un hombre cuestionado, entre otras cosas, por sus presuntas vinculaciones con la Fuerza Aérea durante la última dictadura militar. Sin embargo, la CIDH señala en forma explícita que no le corresponde valorar, en esta oportunidad, "la existencia o no de una criminalización del liderazgo social y político de la señora Sala" (punto 44).

En el mismo apartado, la CIDH descarta cualquier consideración respecto a la libertad de la dirigente o al cumplimiento del debido proceso en su caso. La referencia posterior a la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU es excluida en forma expresa del objeto de esta medida (puntos 46 y 59). Todo ello demuestra que la manipulación mediática promovida por los medios y los referentes del gobierno anterior es grosera y evidente.

El Gobierno de Jujuy ha demostrado una reiterada vocación de transparencia a lo largo de este proceso al invitar a todos los organismos pertinentes a que visiten la provincia y comprueben in situ los detalles del caso Sala. Esta vocación ha sido reconocida por la propia CIDH, cuyos representantes afirmaron que la detención de la dirigente en el Penal de Alto Comedero se lleva a cabo en "condiciones razonables". El organismo, en el punto 33 de su cautelar, le agradece al Estado jujeño haber podido realizar su inspección "sin ningún tipo de restricción".

Cabe recordar, asimismo, que el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, emitido en el mes de mayo, tampoco refirió ninguna forma de persecución política. Estamos hablando del organismo que inicialmente había solicitado la liberación de la dirigente, el año pasado, pero que, luego de la visita a Sala en Alto Comedero, ni siquiera menciona el caso en su informe.

El Gobierno nacional le comunicó al Gobierno de Jujuy la medida dispuesta por la CIDH "en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales", y reafirmó el compromiso de la República Argentina con el sistema interamericano y la defensa de las garantías individuales.

El Gobierno de Jujuy, por su parte, ha emitido un comunicado mediante el cual se compromete a dictar un acto administrativo que notifique a la Justicia provincial la resolución de la CIDH. Lo esperable es que los jueces del caso cumplan sin demora con lo dispuesto en esta cautelar y le concedan la prisión domiciliara a Sala.

Ello no implica, por supuesto, su liberación, y mucho menos significa que sus actos de violencia y corrupción vayan a quedar impunes. Se trata sólo de otra modalidad de arresto mientras la Justicia avanza en el juzgamiento de esta dirigente, que protagonizó uno de los períodos más oscuros en la historia de nuestra provincia al instalar un sistema de malversación e intimidación para apropiarse de los recursos de los más necesitados.

Jujuy atraviesa en la actualidad un inédito proceso de regeneración institucional de la mano de Gerardo Morales, quien ha recuperado el Estado de derecho en una provincia que se hallaba sumergida en el caos y la violencia. La medida de la CIDH pone en evidencia que la campaña mediática que sufrió nuestra Justicia se basa en un mero relato sin ningún tipo de fundamento.

Durante todo este proceso, los jujeños no hemos hecho más que decir la verdad: Milagro Sala no es una presa política sino una política presa, y una mujer autoritaria que ha amasado una fortuna robándoles a los más vulnerables. Pero sus derechos fueron y deben seguir siendo respetados, a pesar de que ella jamás haya respetado los de los demás. Hoy nos hallamos más comprometidos que nunca con esa verdad, con la Justicia y con los derechos humanos.

La autora es diputada nacional.