Cambiemos el sistema

Iván Petrella

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Hubo un cambio evidente, notable, a partir de diciembre de 2015, y es que el presidente de la nación y la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires dejaron de ser cómplices del delito.

Antes, el entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, decía que Argentina no producía drogas, este era un "país de tránsito" y acusaba a sectores de la oposición de "utilizar informes de Estados Unidos" para "agraviar" a la Argentina. Hoy, nos enteramos a diario de procedimientos exitosos contra el narcotráfico, como se vio en el operativo que involucró a 2.200 agentes en la 1-11-14, en el Bajo Flores. Hay más cooperación con los países vecinos y mayor coordinación con las policías locales. Cuando el Estado deja de ser cómplice y hay decisión política, se nota; toda la droga que incautamos es droga que nunca va a llegar a las calles.

Antes, el Rey de La Salada, Jorge Castillo, viajaba con Cristina Fernández de Kirchner en visita oficial a Angola, la misión presidencial que sintetizó a la perfección lo que el kirchnerismo entendía y proponía en materia de comercio. La Salada era un modelo para exportar. Hoy, Castillo está preso, después de resistirse a los escopetazos durante un allanamiento a su casa en un operativo contra el comercio ilegal. Quedó claro cómo se había apropiado del espacio público y cómo sometía a las personas con violencia, todo con complicidad de la policía, de la Justicia y de la política.

Antes, la política no se animaba a meterse con la corrupción enquistada en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en muchos casos era cómplice. Pero algo cambió: el liderazgo político. Hoy, por primera vez, son públicas las declaraciones juradas que están obligados a presentar altos mandos policiales y penitenciarios y miles de policías. Hay 300 policías presos por investigaciones iniciadas por el gobierno. Por seguridad, la gobernadora María Eugenia Vidal y sus hijos viven en la base aérea de Morón. Rompió con tres décadas de un sistema político al frente de la provincia. Las consecuencias del desmadre están a la vista.

Antes, los prófugos quedaban prófugos. Vinculado con el tráfico de efedrina y condenado como autor intelectual del crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en 2008, Ibar Pérez Corradi estaba prófugo desde 2012. Hoy, hay 3.400 prófugos de la Justicia capturados. Entre ellos, Pérez Corradi, quien fue detenido en junio de 2016 gracias al trabajo coordinado con los gobiernos y las policías de Paraguay y Brasil.

Antes, Omar "Caballo" Suárez se jactaba de ser el sindicalista preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Fue secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por más de veinte años. Hoy, está preso por manejos irregulares de dinero y maniobras extorsivas contra empresarios del sector gracias a las denuncias presentadas por la titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y candidata a senadora, Gladys González. Después de la detención de Suárez, los costos marítimos bajaron un 40 por ciento. El gremialista contaba, y cobraba, con la complicidad del Estado.

Hace tan sólo dos años las mafias crecían frente a la ausencia del Estado y, en muchos casos, con su complicidad. Eso se terminó y los resultados se empiezan a ver. Lo que está en juego hoy es si vamos a ser un capítulo más en la frustración de los argentinos o si vamos a ser parte de la generación que cambie a la Argentina para siempre.

El autor es secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación.