AMIA: 23 años, 85 muertos y la insoportable impunidad

¿Cómo es posible que tras todo este tiempo, tras haber señalado a presuntos culpables con una acumulación de pruebas más que sólida, no se haya hecho justicia con los 85 muertos de aquel 18 de julio de 1994?

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Desde hace 23 años, cada aniversario son muchas las voces que se unen en el recuerdo de las 85 víctimas mortales del terrible atentado a la mutual judía de Buenos Aires. Para acordarse de los muertos inocentes, pero también para exigir justicia. Cuando se repasa, una vez más, la evolución de las investigaciones posteriores, la creación de una fiscalía especial, la firma de un memorándum con Irán, la denuncia a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por connivencia con los responsables, la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman, que fue quien más había avanzado en la persecución a los terroristas… a cualquier observador interesado en conocer la verdad le sobreviene el hastío. A las personas justas y honestas de Argentina, y a los que comparten esos mismos valores en todas las partes del mundo, al hastío se le suma la rabia acumulada por esos 23 años de impunidad.

¿Cómo es posible que tras todo este tiempo, tras haber señalado a presuntos culpables con una acumulación de pruebas más que sólida, tras una vergonzante firma de un acuerdo con el país promotor del atentado y su posterior revocación con el nuevo gobierno de Mauricio Macri, tras los requeridos de la Interpol, tras el más que probable asesinato de Nisman, tras tantos despropósitos, no se haya hecho justicia con los 85 muertos de aquel 18 de julio de 1994? Por ellos, por sus familiares y por toda la comunidad representada por la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, debemos evitar que la causa caiga en el olvido, y lo que sería aún peor, que la sociedad entera olvide.

Cada año que pasa, el esfuerzo de mantener la memoria se antoja cada vez más titánico. Es comprensible cuando se ve cómo pasan cinco años, seis, diez, veinte, y siguen sumando, y no hay ni un sólo detenido. Pero merece la pena seguir intentándolo. Durante mucho tiempo se tiene constancia de que desde las más altas estancias del poder político se orquestó todo para evitar la resolución de las investigaciones, se destruyeron pruebas, se plantaron pistas falsas, se mintió y hasta se compró una declaración judicial inventada. Se firmó un memorándum con el país que protege a los responsables materiales e intelectuales de la salvajada de aquel 18 de julio, que no sirvió más que para entorpecer los avances y evitar las pertinentes detenciones. Se hizo todo lo posible y lo imposible por convertir la causa en puro escombro sin solución.

Pero no todo está perdido. Los tres fiscales que componen la unidad especial de investigación y que sustituyen al fallecido Nisman han realizado algunos avances aplicando las nuevas tecnologías y las pruebas de ADN. Así, han podido identificar a la víctima número 85, Augusto Jesús, 22 años después. Y han hallado restos biológicos no identificados que podrían pertenecer al suicida de la camioneta explosionada. Hay camino por recorrer y quieren avanzar en la llamada pista local: de dónde salieron los explosivos, dónde estuvo la camioneta en los días previos al atentado, en qué lugar se montaron los explosivos y, en definitiva, qué respaldo logístico local hubo en este ataque. Por ahí pueden aportarse más luces sobre tantos espacios ahora en sombras.

Otro aspecto que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos es el proyecto del juicio en ausencia. El gobierno de Mauricio Macri quiere habilitar una ley especial antes de que acabe el año para abrir un juicio sin la presencia de los imputados, que estarían defendidos por un abogado designado. La dirigencia de la AMIA estaría de acuerdo con este proyecto, pero se plantean algunas controversias sobre la constitucionalidad de la medida y sobre el riesgo de que con esta iniciativa se dé carpetazo a la causa sin mayores consecuencias para los presuntos terroristas.

Hay un riesgo más que puede truncar la salida de este atolladero: Irán pretende insistir en los próximos meses a la Interpol para que levante las órdenes de captura que pesan sobre los ciudadanos iraníes involucrados en el atentado. Ofrecen a cambio mayor colaboración en otros asuntos que en el contexto internacional actual podrían interesar más a las grandes potencias, y hay posibilidades de que esta propuesta salga adelante, teniendo en cuenta que Irán hoy cuenta con más apoyos que hace una década, con Rusia y China a la cabeza. De prosperar esta petición, sería una pésima noticia para los familiares de las víctimas.

Pase lo que pase, es notable el esfuerzo que el presidente Macri y su gobierno están haciendo por recomponer una causa que estaba embarrancada hasta hace bien poco, y cabe desear que no se precipite tratando de apuntarse un tanto. Los familiares de las víctimas han tenido mucha paciencia durante estos 23 años, no se merecerían ver ahora cómo se da carpetazo a una causa que clama justicia real.