En las últimas semanas, la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir en comisiones un proyecto de ley de libertad religiosa, impulsado por el secretario de Culto del Gobierno Nacional, Santiago de Estrada y con el consenso de diversas organizaciones religiosas.

De Estrada, que fuera funcionario en los gobiernos de facto de Juan Carlos Onganía y Jorge Rafael Videla, es un integrante de larga trayectoria en el PRO y uno de los rostros más beligerantes en la oposición a las leyes de unión civil en la Ciudad de Buenos Aires y matrimonio igualitario a nivel nacional, antecedentes que cuanto menos siembran dudas sobre el real objetivo de la norma impulsada.

El proyecto, que se presenta como una iniciativa que viene a reemplazar una norma dictada durante la última dictadura militar y a poner en pie de igualdad a las diversas confesiones religiosas, esconde en realidad la pretensión de esas organizaciones de habilitar la figura de la objeción de conciencia de los funcionarios públicos a la hora de dar cumplimiento a diversos derechos consagrados por la Constitución Nacional y las leyes vigentes. Resulta un contrasentido que invocando la libertad de profesar un culto, y basado en las creencias que de ese culto emanen, un funcionario estatal pudiera objetar el ejercicio de libertades y derechos a otros ciudadanos.

Libertad para cercenar libertades. Un verdadero oxímoron que, bajo el uso interesado y amañado del lenguaje, esconde un retroceso de más de 120 años en nuestro ordenamiento jurídico. Argentina es un país laico y, si bien es cierto que nuestra Constitución Nacional establece el sostenimiento económico del culto católico, apostólico, romano, el marco legal vigente debe garantizar la igualdad ante la ley de todas las personas, independientemente de si profesan o no un culto.

Claro ejemplo de ello ha sido la aprobación de normativa muy resistida por la mayoría de las jerarquías de diversos cultos, tales como el divorcio vincular, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral, la identidad de género o la reproducción médicamente asistida, por citar sólo algunos casos. Estos son solamente algunos de los derechos conquistados que pone en juego esta normativa, en caso de ser aprobada.

Imaginemos que un docente en clase se opusiera, basado en sus convicciones religiosas, a enseñar la teoría de la evolución. Argumentaría el docente que la especie humana no evolucionó, sino que los seres humanos y todo lo que nos rodea fue creado en seis días por una figura que a la séptima jornada descansó. En idéntico sentido, un funcionario podría negarse a celebrar un matrimonio civil, derecho vigente desde noviembre de 1888, ya no sólo en caso de que la pareja fuera conformada por personas del mismo sexo, sino incluso en una pareja conformada, por ejemplo, por personas de distinto credo. Bien podría ese funcionario argumentar que, según sus convicciones personales, no deberían celebrarse los matrimonios de credo mixto.

La libertad de culto que promueve nuestra Constitución es una garantía institucional para que todos los credos que cumplan las condiciones fijadas por la ley puedan registrarse y llevar adelante sus actividades en el marco de la legalidad. Nunca invocando esa garantía y trasladándola al plano personal se podría permitir que un funcionario público restrinja el ejercicio libre y pleno de los derechos a cualquier ciudadano de la patria. Y mucho menos cuando esos derechos deben ser garantizados por el Estado y no son pasibles de ser incluidos en una inexistente objeción de conciencia al momento de cumplir con lo que las leyes determinan.

El autor es vicepresidente FALGBT, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Gobierno de Santa Fe.