Emprender es, sin lugar a dudas, difícil. En nuestro país es un poco más que en otros lugares. Aunque puede decirse que el emprendedorismo está de moda, hay mucha gente que no quiere hacerlo. Y tiene sus razones. Profundicemos: asumís inmensos riesgos porque fracasar es, estadísticamente, lo más probable; ponés en juego tu reputación y tu capital social; podés perder tiempo y dinero (es tautológico porque, al final, son lo mismo). Si bien dentro de un mes podremos armar una sociedad por acciones simplificada (SAS) en 24 horas gracias a la recientemente aprobada ley de emprendedores, desarmar una empresa sigue siendo un trámite burocrático y complejo. Quebrar es un grave dolor de cabeza; los bancos no financian ideas y encontrar inversores es ciertamente un desafío; las cargas impositivas son altas, al igual que los potenciales riesgos laborales.

En definitiva, podríamos resumir en un sólo punto, que es el más contundente: por donde se lo mire, emprender está lleno de desafíos y el costo del fracaso es extraordinariamente alto en nuestro país. Por eso hay tanta gente que percibe oportunidades pero no emprende: tiene miedo. El 34% de los argentinos no inicia un emprendimiento porque tiene miedo al fracaso y a sus implicancias (GEM, 2016).

Sin embargo, hay otra tanta gente que sí emprende. El sueño de ser el propio jefe, de tener independencia, de ser el beneficiario directo de los esfuerzos en una empresa parece romper la lógica. La búsqueda del anhelo de libertad e independencia es, a pesar de todo pronóstico, más fuerte que el miedo.

Dado este contexto, ¿cuál es el papel del Estado en sus diferentes niveles? Primero, el Estado debe generar las condiciones óptimas para que emprender sea lo más sencillo posible. Defínase "condiciones óptimas" como la provisión de buena infraestructura, tanto física (acceso a internet, conexión logística, seguridad, entre otras) como normativa, burocrática y financiera (simplificación de trámites, flexibilidad, reducción de la carga impositiva y acceso a financiamiento, por ejemplo). En este sentido, el camino ya comenzó: el gobierno nacional está encarando el mayor plan de obra pública en décadas y las aprobadas leyes de emprendedores y pymes buscan, justamente, la simplificación administrativa para fomentar la formalidad, el acceso al financiamiento y la rebaja de la pesada carga impositiva.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ley 4064 exime del pago de ingresos brutos en un 100% para el primer año y en un 50% en el segundo a toda nueva empresa que tenga dos trabajadores en relación de dependencia y una facturación anual de 1.650.000 pesos. Que el camino haya comenzado no quiere decir, de ninguna manera, que haya concluido. Son los primeros pasos de un continuo.

Emprender significa, además, fracasar para ocho de cada diez emprendimientos, al término de cinco años. Por lo que fracasar debería ser fácil. Además de las reformas administrativas para que cerrar una empresa o quebrar sean situaciones de ágil solución, hace falta bajar el costo de probar. Para ello, el Estado puede promover la actividad emprendedora a través de políticas activas, tales como concursos, incubación, capital semilla, entre otras.

StartUp Chile es el programa mundialmente conocido del país vecino, mediante el cual los emprendimientos reciben mentoría y financiamiento, además de oficinas por cuatro meses. En la misma línea, StartUp India apunta a fomentar la creación de empresas a través de exenciones impositivas, financiamiento, desburocratización y convenios con aceleradoras a lo ancho de ese vasto país. Este tipo de iniciativas también tiene su correlato en nuestro país: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para el programa #IncuBAte, mediante el cual ofrece espacio físico de oficina por 12 meses, capacitación, un mentor, y entre 10 mil y 30 mil dólares de capital semilla en las 10 categorías del concurso: audiovisual, diseño, gastronomía, turismo, biotecnología, medios, tecnología, agro, impacto social, sustentabilidad.

A través de este tipo de iniciativas, emprender es menos riesgoso, ya que el costo de la prueba queda parcialmente reducido. En términos coloquiales: el emprendedor tiene que poner menos para probar y, por tanto, fracasar le duele menos. Si le duele menos, le tiene menos miedo. Las políticas activas son una de las maneras de reducir el miedo al fracaso. Como el miedo al fracaso también tiene una fuerte relevancia cultural, hay que seguir promocionando iniciativas como la versión local de las mundialmente conocidas FuckUp Nights, organizadas por Hernán Schuster y Alejandra Marcote, donde se encara el tema del fracaso como una parte del proceso de aprendizaje colectivo para el ecosistema. Normalizar el fracaso y bajarle el costo, en eso estamos.

Emprender sigue siendo difícil en la Argentina. Negarlo es negar la realidad. Ahora bien, también es innegable que se están dando pasos en la dirección correcta para que emprender sea más sencillo. Tanto a nivel nacional como local, hay una agenda clara de prioridades para favorecer la dinámica emprendedora porque una nación sin emprendedores es una nación condenada a la inflexibilidad, el congelamiento y, a la larga, al empobrecimiento.

El autor es director general de Emprendedores, Ministerio de Modernización de la Ciudad.