Justicia: ¿seguimos o cambiamos?

Las palabras de la jueza suprema Elena Highton de Nolasco en el sentido en que la Justicia no tiene responsabilidad con la inseguridad son altamente preocupantes. Si bien es cierto que ningún abogado sólo por ello conoce conceptos de seguridad pública, por cuanto la universidad no prepara en estos temas, bueno sería que una jueza de esta instancia, la superior del país, se informara al respecto.

Es un punto básico en las primeras materias de esta especialidad universitaria, casi ausente o desactualizada en nuestro país, la que expone el tridente de la seguridad pública, constituida por los sistemas policiales, penitenciarios y de Justicia penal.

Ello porque un buen sistema policial, si choca con uno permisivo en lo judicial, como el garanto-abolicionista mayoritario en nuestros operadores judiciales, no puede funcionar. Igualmente un buen sistema judicial en el que el policial no prevenga ni capture, y asimismo ninguno de los otros si el penitenciario no rehabilita, es corrupto o genera más crimen.

Pretender, desde algunos de estos tres pilares, que no hay responsabilidad propia, no sólo es infantil, sino que no reconoce el problema, evita así su tratamiento.

Sin entrar entonces en los dos otros factores, policial y penitenciario, sí debemos observar algunas cuestiones por las que el Poder Judicial, especialmente en materia criminal, aún no brinda respuestas.

Pero, ¿la ineficiencia del servicio judicial es responsabilidad sólo del cuerpo o de quien los elige? La elección de los jueces, tanto en provincia como en nación, es, en la práctica, al menos discutible. Los exámenes en materia penal siguen siendo, como antes, formulados por asesores técnicos contratados a dedo, corregidos por discípulos de estos, mayoritariamente abolicionistas, y puntuados con base en estos principios.

Luego, para entrar en una terna, lo normal es que se necesite ya apoyo político. En la provincia de Buenos Aires se elevan sin ningún sistema de mérito, mientras en nación existe un sistema de puntuación. Claro, este no es relevante, el Ejecutivo, quien no tiene plazo legal para expedirse, se toma sus años para luego elegir con base en criterios absolutamente discrecionales ("este candidato es amigo del senador, intendente", etcétera).

No nos preguntemos después por qué tenemos los jueces que tenemos. Y por qué la Justicia, específicamente la bonaerense, colapsa por ineficiencia, corrupción o falta de magistrados. Mientras la provincia de Buenos Aires tiene en la actualidad unos cuatrocientos cargos vacantes que afectan la funcionalidad del servicio judicial, las ternas que envía el Consejo en plazo razonable se siguen acumulando en el Ministerio de Justicia. Cerrado por política, año electoral.

En la nación, con otro tanto de vacantes y debido a la composición arbitraria de mayor peso político en el Consejo, las ternas no llegan ni a salir conformadas. Parálisis total. Espera reforma política. ¿Cambiamos?