La mañana de los bastones salados

La represión en el conflicto de PepsiCo opera como una política de judicialización de la protesta social frente a trabajadores que reclamaban derechos y resistían el cierre de su fuente de trabajo.

Esta política, que puede ser tomada como un leading case, es la consecuencia necesaria de la lectura que realiza el gobierno, en consonancia con los intereses empresariales, sobre la existencia de muchas fábricas con procesos obsoletos en la Argentina y en la necesidad de discutir un horizonte de reconversión productiva capaz de dar una salida a la crisis de la industria en la Argentina.

La lectura oficial del caso PepsiCo es un ejemplo de su utilización política y una demostración de las falacias argumentales existentes, dado que se trata de una empresa moderna, con tecnología de avanzada y que las razones del cierre de la planta de Vicente López no obedecen a la obsolescencia tecnológica sino a causas que colocan como cuestiones centrales a las relaciones laborales.

El empresariado argentino argumenta que la principal herencia recibida, si es que hay que hablar de ella, es que el derecho al trabajo está por encima del derecho de una empresa a decidir sobre el destino de sus bienes. Los trabajadores, a través de sindicatos y comisiones internas, que muchas veces sostienen relaciones controvertidas dada la burocratización de las estructuras gremiales, afirman la primacía del derecho tutelando bienes sociales: el trabajo, el empleo, etcétera. Históricamente el derecho laboral ha reivindicado ese papel y no casualmente el propio Presidente ha lanzado una sostenida ofensiva contra el fuero laboral, sus integrantes y sus abogados especializados.

El criterio del macrismo es el de judicializar los conflictos a través de la Justicia penal mediante las leyes que avalan y tipifican como delitos la ocupación de una planta y las distintas acciones de resistencia obrera en defensa de sus derechos.

El desarrollo tecnológico provoca que muchos bienes y servicios queden marginados en el mercado. Es decir que resulta previsible la realización de un proceso de reconversión productiva, la historia económica de la humanidad así lo muestra. La cuestión está en los intereses y los criterios que se utilizan para llevarla adelante. Es decir que este proceso contemple y contenga los costos sociales producidos y que no privilegie los intereses de los empresarios por encima de los trabajadores.

PepsiCo es una demostración de que el problema de la reconversión también esconde otras dimensiones del problema. Cuestiones que se arrastran desde hace muchas décadas en nuestro país: la principal es el disciplinamiento social. Los ataques del gobierno a los partidos de izquierda por su participación en las comisiones internas "antiburocráticas" son una demostración, a veces patética, por sus desmemoriados enunciadores, de esa situación.

Este gobierno se ha destacado más por la sensibilidad electoral que por su sensibilidad social. Con un gobierno embarcado en otra empresa estará por verse quiénes van a tomar la palabra y la acción para revertir la crisis existente en el mundo del trabajo.

El autor es sociólogo. Docente universitario, investigador del Clacso.