Exportación de armas a Venezuela, innegable alimento a la violencia

El fin del espiral de violencia armada en Venezuela pasa por la recuperación democrática y la vuelta al Estado de derecho. También que los países exportadores de armas dejen de suministrar material que es utilizado para la represión y la violación de los derechos humanos. Medio millón de grupos de civiles armados por el gobierno que integran la Milicia Bolivariana se encuentra en las calles actuando como fuerzas parapoliciales. Ya hay casi un centenar de muertos por persecución política.

Esta grave preocupación llevó a que Brasil suspendiera recientemente la exportación de cerca de ochenta mil bombas de gas lacrimógeno a Venezuela. Lo mismo hizo España con armas antimotines. Es necesario que estos ejemplos sean más amplios y abarquen todo tipo de armamento. También que esa limitación a las transferencias de armamentos a Venezuela sea imitada por muchos otros países que abastecen de armas a las fuerzas de seguridad venezolanas. De acuerdo con la ONG Control Ciudadano, Rusia y China son las fuentes principales del suministro de armas a Venezuela. Irán también ha aumentado de manera sensible el flujo de armamento a través de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavin).

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (Sipri), Venezuela se mantiene en el puesto 18 como el mayor comprador de armas a nivel mundial. En la última década ha gastado cerca de diez mil millones de dólares en compras militares que incluyen cien mil rifles de asalto AK 103 y 104. El abastecimiento a las fuerzas de seguridad ha oscilado en montos igualmente importantes pese a que su cuantificación resulta difícil por la falta de control parlamentario. A título de ejemplo del grado de proliferación de armas livianas, en el 2019 la fábrica rusa Kalashnikov empezará a funcionar plenamente en Venezuela para ensamblar y producir anualmente 50 mil fusiles de asalto AK 103, una versión modernizada del AK 47. También la fabricación de las municiones respectivas.

Es evidente que Venezuela, que gasta cuatro veces más en armamentos que en alimentos, debería reconducir recursos para aliviar la crisis humanitaria que incluye serios problemas de abastecimiento alimentario y de salud. Asimismo, los países que suministran armas deberían suspender los envíos de material que pueda exacerbar el grave clima social y ser utilizado para la violación de los derechos humanos.

El Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales, en vigor desde el 2014, establece claras limitaciones en ese sentido. De acuerdo con los parámetros humanitarios de dicho instrumento, el grado sustancial de inestabilidad social y de vulnerabilidad en derechos humanos que sufre Venezuela hoy no debería permitir ningún tipo de transferencia de armas y municiones.

Es alarmante que importantes productores mundiales de armas sigan abasteciendo al gobierno venezolano de armamento que es utilizado para la represión y otras manifestaciones contra los derechos humanos. En estas graves circunstancias, resulta indispensable que dichos países exportadores actúen con mayor moderación y responsabilidad.

Es hora de exigir que los criterios del Tratado sobre el Comercio de Armas Convencionales sean de alcance universal para Venezuela y así evitar que la dramática situación que enfrenta se convierta en un polvorín de violencia con consecuencias humanitarias mayores.