Frente de Unidad Ciudadana: a todo o nada

La semana corrió espesa. Mientras la ex Presidente se iba del Partido Justicialista (PJ) y anunciaba la creación de un nuevo espacio político haciendo implosionar los restos humeantes del justicialismo, los funcionarios del Gobierno quedaron enredados en el berenjenal de sus propios desaguisados.

La decisión de cortar de cuajo el pago de una imprecisa pero abultada cantidad de pensiones por discapacidad sin siquiera una comunicación previa a los afectados ofreció un argumento impecable a los cultores del latiguillo que sostiene que Mauricio Macri no sólo gobierna para los ricos sino desde la insensibilidad social. Hizo falta un corte total en el Obelisco, que incluyó a chicos con capacidades diferentes, decenas de personas en sillas de ruedas, no videntes en cadena tomados de la mano e hipoacúsicos dispuestos a hacerse oír para comprender que algo se estaba haciendo muy mal.

Para empezar, tuvieron que hacer callar al funcionario del área que insistía en los medios en sostener que los chicos y los jóvenes que padecen síndrome de Down tienen que tener trabajo y no pensiones. "Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber una asignación universal por hijo" dijo Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Una patética y explícita demostración de cómo se implementan medidas desconociendo cuestiones de fondo.

Nadie discute el descomunal incremento de la pensiones otorgadas por los gobiernos anteriores inspiradas en manejos clientelares, pero salir de este embrollo supone un trabajo social personalizado y responsable, revisar algunos conceptos profundamente injustos que en estos días se reivindicaron y sobre los cuales se fundamentó el recorte. La idea de que no corresponde pensión a la persona con discapacidad cuyo tutor, cónyuge o consanguíneo obligado tenga ingresos superiores a tres jubilaciones mínimas, o sea, llegue a los 19.200 por mes, es insostenible.

Mucho más revulsiva aún es la norma que sostiene que aquel cuyo cónyuge acceda a la pensión o la jubilación mínima (de 6.377 pesos) queda fuera de la posibilidad de recibir el beneficio. No se trata sólo de entender que esa plata no alcanza a cubrir la subsistencia sino que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no meros objetos de asistencialismo. Un concepto que desde 2014 tiene en nuestro país jerarquía constitucional.

Otra vez el Gobierno tuvo que dar marcha atrás, algo que se agradece. En una semana de altísimo voltaje político, este lamentable asunto impidió enfocarse en otras cuestiones que a esta altura deberían preocupar al oficialismo. El documento que respalda el nacimiento del Frente de Unidad Ciudadana (FUC) desconoce la legitimidad del Gobierno de Macri, al definirlo como "la mayor estafa electoral".

Desde el PJ, fue el senador Miguel Ángel Pichetto quien advirtió que el documento fundacional del cristinismo no sólo tiene un fuerte tono confrontativo sino también encendidos tramos antisistema. Engolosinados por la búsqueda de la polarización, no son pocos los que pierden de vista que irrumpe en el escenario político un nuevo actor. Con la obligada candidatura de CFK, quien dispone de los votos en el Conurbano profundo, un conjunto de organizaciones fervorosamente ideológicas y la necesidad apremiante de los caciques territoriales de conservar su poder, el nuevo frente viene por mucho más que esquivar la PASO con el randazzismo.

La jugada que los K presentaron esta semana es al todo o nada. Desembarazados de la iconografía y la gestualidad del peronismo, van por todo y más. No deja margen al oficialismo para distraerse enmendando errores que siempre es mucho más saludable no cometer.