Sindicatos y sociedad

Cada presupuesto o rendición de cuentas ya sabemos que es tiempo de reclamos y conflictos, es la historia. Nunca se sabrá si esas movilizaciones lograron resultados que no hubieran obtenido por otros medios, sin dañar a la sociedad. Pero la realidad es esa. Lo malo es que, como el gobierno renuncia a tener un presupuesto quinquenal, plan de cualquier administración mínimamente organizada, y se pasa a ir de año en año negociando por la vía de las rendiciones de cuentas, estamos en el peor de los mundos.

Ante todo, no se puede gobernar a saltitos. Las inversiones en infraestructura o cualquier programa universitario exigen años. Por esa causa, en nuestra segunda presidencia, con mucho esfuerzo y superando incomprensiones, logramos defender la quinquenalidad del presupuesto y hacer rendiciones de cuentas que fueran lo que efectivamente son según su propia definición. El artículo 214 de la Constitución, que impone a los gobiernos esa obligación, dice también que el Poder Ejecutivo podrá "proponer las modificaciones que considere indispensables". Desgraciadamente, en la práctica, lo indispensable se había hecho permanente y por eso defendimos entonces las llamadas "rendiciones gasto cero". Fueron fundamentales para mantener el equilibrio fiscal y retornar, luego de medio siglo, a la inflación de un sólo dígito. Después vino la crisis del 2002, que se llevó todo por delante, y los gobiernos del Frente Amplio han ido aceptando esa práctica al punto de que en esta oportunidad el presidente Tabaré Vázquez, sin que se comprenda mucho el significado real de su afirmación, dijo que las disposiciones de esta rendición valdrán solamente por un año.

Comienza entonces la gimnasia y los gremios educativos, siempre a la cabeza, ya realizaron en la semana un paro, el día martes y anuncian otro más general, que incluiría a los establecimientos privados. Para variar, no asumen el daño que se les infiere a los estudiantes, necesitados como están de una educación consistente, ni consideran otro tipo de medidas. Sólo conciben el choque y, como el gobierno ha sido débil, lucen dueños del campo. Ya en el principio de la actual administración marcaron la cancha y, cuando el gobierno adoptó, en agosto de 2015, la declaración de esencialidad, ganaron rápidamente la pulseada. En ese caso, el gobierno se apresuró, no midió bien las consecuencias y terminó, como dice el viejo dicho, "reculando en chancletas". A partir de allí tienen de rehén a todo el mundo y ni entran a considerar que, en los años pasados, han recibido dotaciones presupuestales muy aumentadas y que los resultados nunca han sido peores.

El caso de Ancap, aún en curso, es una pulseada entre una administración que tiene que sacar adelante una empresa que está en el pozo y un gremio acostumbrado a manejarse a su antojo. En el 2005 había 2.169 funcionarios; hace un año había 2.914, o sea un 35% más. Al mismo tiempo, en horas extras pasó, en diez años, de 60 millones de pesos a 372, o sea que, en valores reales, subieron 200 por ciento. Esta es la realidad del desquicio de las administraciones conducidas por el ingeniero Martínez y el señor Sendic. Ahora el gremio perturba a todo el país por defender un seguro de salud propio, que pagamos todos los ciudadanos en el déficit del organismo y que, según la ministra Cosse, "roza el privilegio".

El gobierno decreta la esencialidad para lograr la regularidad del abastecimiento de combustible, pero resulta que, según el sindicato, eso los lleva simplemente a cumplir su horario de 8 horas y, al no haber horas extras, se va a distribuir aún menos que en el conflicto. Lo que suena a absurdo, obviamente porque parecería que la empresa solamente funciona con base en horas extras. Y en ese pago aparecen cosas tan espectaculares como esa sección especial, de naturaleza insalubre, con cuatro funcionarios, en que la ausencia de uno automáticamente genera el pago a los otros tres de horas extras. Lo que ha llevado, obviamente, a la rotación de un ausente y a que todos cobraran todo el tiempo horas extras. Se toca eso y salta un fusible.

La versión gremial es irrisoria. A lo que se añade que dicen que con guardias gremiales entregaban más combustibles que con normalidad y que, cuando levantaron el paro, el sábado de la semana anterior, lo que hubo fue un lock-out patronal porque no vinieron a cargar los camiones. Da la casualidad de que estos nunca trabajaron los sábados y eso, por cierto, no lo ignoraba nadie.

Cuando se oyen las declaraciones de los sindicatos realmente asombra. Hay una desproporción gigantesca entre sus reclamos y los medios usados para enfrentarlos. Sus historias suenan a comedia italiana y así le pasó al periodista Gerardo Sotelo, que hubo de poner fin a una entrevista cuando el representante del sindicato de Ancap lo acusaba de "antiobrero", enemigo "de todo lo que tenga que ver con el movimiento popular" y que por "higiene mental" no lo escuchaba.

Por supuesto, el gobierno cosecha lo que sembró. El desquicio de Ancap y la distorsión de su estructura es obra de los dos gobiernos anteriores. Y el ensoberbecimiento de las gremiales de la educación es hija de la nefasta ley que les atribuyó un desmesurado poder sobre el sistema. Ahora se intenta reaccionar y ojalá, por la institucionalidad del país, no termine el gobierno de nuevo vapuleado. Pero todo deja un sabor amargo, cuando estamos en plena globalización luchando por sobrevivir en la difícil competencia de estos tiempos.