Desgraciadamente, la Justicia se sigue negociando. Lo visto días pasados con el pedido de juicio político al juez Eduardo Freiler en el seno del Consejo de la Magistratura pareciera ser buena prueba de ello. Se cambian los tantos como si fuera un partido de truco. No importa qué sea lo que se esté imputando al juez denunciado, lo que prima es quién hace valer sus votos.

A todas luces, la política se impone por sobre las instituciones. Lo más grave es que en ese devenir se pone en vilo todo el sistema republicano, porque un país sin una Justicia independiente y confiable es inviable. Ningún país es capaz de resistir un Poder Judicial conformado por jueces y fiscales que privilegian la política por sobre la administración de Justicia. Tal lo que sucede en nuestro caso.

Nadie se escandaliza si un juez imputado de no pagar sus impuestos sencillamente esboza como respuesta que es libre como cualquier otro ciudadano de elegir a cuál de sus acreedores va a pagar y a cuál no. La pregunta que debería surgir entonces espontáneamente es cómo fallaría ese juez, frente a otro evasor y, si optase por condenarlo, con qué autoridad moral lo podría hacer. En la República Argentina el sistema lamentablemente se ha roto. Se ha corrompido de tal manera que, como se dice vulgarmente, habría que barajar y dar de nuevo.

Mientras tanto, somos víctimas de un sistema tramposo. Debemos dirimir las cuestiones en el ámbito judicial, a sabiendas de que no se va a resolver ajustado a derecho sino que van a primar otros intereses. Hasta el Martín Fierro tendría que repensar en esta Argentina su tan pícara reflexión: "Hacete amigo del juez". Ciertamente, y más allá de la política, la falta de voluntad para castigar el delito es algo que vemos que se ha hecho carne en la Justicia penal y la dirigencia política. Ya tomamos con toda naturalidad enterarnos que un delincuente que debía estar preso y no lo está, ya sea por el beneficio de la libertad condicional o de la libertad asistida, o por el 2×1 o simplemente porque sí, reincidió en la comisión de un delito grave, que la mayor parte de las veces le cuesta la vida a un ciudadano decente y trabajador.

La noticia, lamentablemente, se agota en la noticia. Llevado al plano judicial, esto se traduce de igual forma. Un juez denunciado ante el Consejo de la Magistratura sabe que, llegado el caso, si las pruebas lo abruman y lo acercan a una condena, con tan sólo renunciar vuelve todo a fojas cero, garantizándose así no perder ninguno de sus privilegios y salir indemne del proceso. Ejemplos abundan.

Es muy difícil desalentar la comisión de un delito así. Si no hay castigo, y en nuestro país está a la vista que no lo hay, los delitos se multiplican y los funcionarios corruptos también. Para transformar el país, se requiere necesariamente del auxilio de la Justicia y de la fortaleza de sus instituciones. Hoy pareciera que ello no es posible. La política se impone a todo; lo único que importa y manda es el interés político. Todo se negocia en pos de la política.

Nunca más actual aquello de que el fin justifica los medios. Si un delincuente es puntero político, hay que cuidarlo. Si un juez es corrupto pero funcional a los intereses políticos, hay que preservarlo. Si un dirigente político es un corrupto pero junta votos, hay que salvarlo y potenciarlo. Sencillamente, la deformación más cruda de la política. Corrupción hubo siempre, aquí y en todas partes. La diferencia, sin embargo, es, o mejor dicho debería ser, la Justicia. Donde la Justicia funciona, la corrupción se combate y el delito se castiga. No hay más que mirar, por caso, lo que sucede en Brasil. Donde la Justicia no funciona, la corrupción triunfa y el delito no se castiga. Saque el lector sus propias conclusiones.