Nicolás Maduro trata de gestar una Constitución que sostenga institucionalmente sus tropelías y en ese propósito entregará completamente a su país en las garras de la tiranía castrista, experta en preparar cartas magnas en las que el Partido y el Ejecutivo disponen de todos los poderes, a la vez que simulan que el documento rector de la nación se originó en la voluntad popular.

La convocatoria para la Constituyente clama fraude. Maduro pretende recrear con sus partidarios a los desaparecidos sóviets. Es un esfuerzo supremo por reinventar el centralismo democrático, para que desaparezca toda democracia, a la vez que permite que una parte de los supuestos constituyentistas sea electa bajo el arbitraje de su incondicional Consejo Nacional Electoral, una maniobra que, de tener éxito, anularía el derecho a la protesta y confeccionaría un traje de legalidad a su medida y conveniencia.

Hugo Chávez fue el primero en gestionar que las dependencias del Estado venezolano contaran con asesores castristas con autoridad para tomar decisiones, además propició que la inteligencia de la isla asumiera el control de las dependencias del Estado y que los militares cubanos fueran los patrones de los nacionales.

Las Fuerzas Armadas venezolanas están politizadas. Supuestamente los cuerpos armados son leales a la Constitución, pero hasta el momento sus decisiones han favorecido al Gobierno. El ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino, ha demostrado en numerosas ocasiones su parcialidad. La metamorfosis de numerosos oficiales pone en duda que se coloque el respeto a la Constitución por encima de los intereses del Ejecutivo.

El chavismo pidió a La Habana la asistencia del constructor de paredones y eficiente represor Ramiro Valdés, un sicario que podría escribir un manual sobre intimidación y represión ciudadana que sus pares de los gobiernos absolutistas recibirían con beneplácito por lo mucho que aprenderían.

Ramirito, así le dicen quienes más lo conocen para contar con su indulgencia, es poseedor de un prontuario criminal que compite ampliamente con el del soviético Lavrenti Beria o el nazi Heinrich Himmler. Evidentemente la asesoría del asesino cubano fue muy útil, se apreció en las represiones gubernamentales del 2014.

A partir de ese año se refinó e incrementó la criminalización de las actividades políticas, mientras auspiciaban un ambiente de desconfianza y dudas en sectores de la militancia opositora y promovían en parte de la población la creencia de que los dirigentes de la oposición eran corruptos y se habían entregado al régimen.

A pesar de tal urdimbre, Maduro y sus asesores cubanos fracasaron en el propósito de desalentar a la oposición y al creciente número de ciudadanos que asumía conciencia de que el derecho que no se defiende se pierde, por lo que decidieron correr los riesgos necesarios, porque el país se hundía en la ineficiencia y la corrupción.

Los venezolanos llevan semanas en las calles. Su constante batallar ha conquistado la admiración y el respeto de todos los que aman la libertad. Los gobiernos latinoamericanos, tan dados a no ver ni escuchar a los que claman por justicia, no han tenido otra alternativa que solidarizarse con los que luchan por sus derechos.

Los venezolanos han tomado las calles. Han demostrado un gran coraje y estar firmemente comprometidos en defender sus derechos. El futuro es incierto, pero más allá de los resultados, ojalá sean a la medida de sus deseos, están cumpliendo con su deber.

Si en el siglo XIX Simón Bolívar fue el más importante promotor de la independencia de nuestras naciones, en el siglo XXI se debate en la tierra del Libertador si el modelo político de Fidel Castro, renovado por Hugo Chávez, está en capacidad de eliminar la soberanía ciudadana de cada uno de nosotros.

El régimen debe estar muy alarmado cuando ha dispuesto desplazar la Constitución de Hugo Chávez, el ícono del socialismo del siglo XXI, modelo para otras constituciones autocráticas, por una que se ajuste a la visión cívico-militar con la que sueña Maduro. Su ambición es eliminar la sociedad civil y convertir a las Fuerzas Armadas en un cuerpo de centuriones y pretores incondicionales a su cesarismo. El poder para los sóviets.