Sabemos que la existencia del Estado es una verdad necesaria e insoslayable. Sabemos también que, si hay algo que no es permitido hoy, es que el Estado no cumpla con la cobertura de los derechos que consagra la Constitución. Por caso, educación gratuita y de calidad, seguridad, justicia, salud pública y asistencia social a los que menos tienen y poco pueden, etcétera. Cabe entonces la pregunta: ¿lo consigue? Es obvio que no. En ninguno de esos planos y en los muchos que restan mencionar.

Obvio, las víctimas somos todos, sin excepción. Los que pagan más impuestos de lo considerado razonable en un país normal y los que pagan poco o incluso nada, forzados por la situación o simplemente porque es más rentable financiarse evadiendo; los que envían a sus hijos a las escuelas públicas y los que, por obligación o no, escogen las privadas; los que cuentan con seguridad especial —paga, claro está— y los que, en mayor medida, deben soportar la violencia día a día. Los que pagan costosas prepagas de salud y los que deben hacer uso de las prestaciones públicas; los honestos que advierten y temen de los excesos del Estado mientras miran azorados cómo los corruptos de siempre disfrutan impunemente; los que están obligados a pagar por cualquier insignificante trámite; los que deben pagar peaje en rutas calamitosas; los que deben subsistir con un lastimoso plan y los que no llegan a fin de mes con un salario escaso, etcétera. En fin, todos.

Es cierto, habrá algunos más perjudicados que otros. Pero hay algo común que nos identifica; cuando logramos asumir la condición de víctimas y protestamos con toda razón de las insensateces que nos planta la realidad, vengamos de donde vengamos, izquierda-derecha, arriba-abajo, individuos-corporaciones, siempre habrá muchos que pondrán en duda la autoridad de considerarnos como tales apuntando a nuestro origen o a la dudosa legitimidad de nuestro pataleo. Siendo así, todas las protestas, insisto, todas, parten de razonables justificaciones y de nada valdrá falsear sus motivos o sus razones. Aun en las que persiguen fines políticos o ideológicos habrá una subyacente justificación que las posibilite.

Cabe entonces otra pregunta: ¿por qué fracasa el Estado? Basta repasar todas las posiciones partidarias presentes en el escenario político, cualquiera fuere su signo y su relevancia, para darnos cuenta de que es evidente que nadie es explícito en hacérsela. Si no existe o se oculta deliberadamente la pregunta, difícilmente encontraremos la respuesta. Entre tantas con argumentos por demás sustentables, ensayaré una primera de extremo sentido común. El Estado se ha convertido en el depósito donde se acumulan las mentadas "herencias recibidas". Lo cual quiere decir que quien asume lo hace en condiciones peores que su antecesor. ¿Cuántas herencias recibidas tiene acumuladas? A cada una le sobrevino otra, lo que establece un derrotero de inevitables fracasos anunciados. Ahora bien, la acumulación de fracasos con independencia del origen y la dimensión ha dejado como resultado un Estado desproporcionado, caro, atrofiado, ineficiente y lindante con la incapacidad.

Decíamos que el Estado es una verdad insoslayable, pero convengamos que a partir de una verdad se desprenden cientos de mentiras para alimentar falsas verdades acerca del papel del Estado. La decadencia y los quebrantos sucesivos son el resultado, cuanto menos, de la exageración en el alcance de su competencia y en la asignación de funciones improcedentes. De la consentida aceptación de esas falsas verdades no sólo se sustentan muchas de las protestas, sutilmente también el fiasco de la bizarra apuesta de que, bien administrado el Estado, se resolverán los problemas. Algo así como un casamiento con la aceptación de la mentira que llevará al inevitable divorcio.

En ese plano es donde aparecen los políticos haciendo gala de su proverbial capacidad para confundir lo real con lo imaginario, encadenando discursos falaces de campaña con promesas imposibles de cumplir. Aun los que hemos aprendido a través del tiempo acabamos resignándonos, llegamos incluso a admitir asociarnos con la idea de que son capaces. No nos queda otra, de otro modo no habría lugar para nosotros. Entre la evidencia y la esperanza, podrá la esperanza. El engaño pasa entonces a ser un fraude vulgar aceptado y cada recambio político, una simulada gambeta a un destino decadente ineludible. Al cabo, seremos víctimas de una alucinación más.

Convengamos que para los políticos administrar el Estado sirve para reinar bajo la indefinida legitimidad que ofrece el precepto de que, a diferencia de cualquier unidad económica —llámese individuo o empresa—, las naciones no quiebran.

La historia pos retorno de la democracia señala que la administración del Estado ha consistido en la disposición de todas las herramientas necesarias para manipular políticamente a la gente mediante concesiones y subsidios irracionales, sobre todo para mantener alineado a un séquito con la imprudente concesión de empleo público improductivo y costoso. Sin embargo, los distintos gobiernos desilusionaron. Llegado el momento, ese modelo de Estado demostró su límite. Su presencia pasó a ser tan sólo una garantía aparente: lo hecho terminó siendo una compensación simbólica por más que apareciera con categoría de triunfo.

Cada vez a menor plazo el sobredimensionamiento, el andar burocrático e ineficaz y, sobre todo el gasto, ya sea financiado con emisión monetaria, con endeudamiento o mayor presión tributaria, terminó dando lugar a otra previsible herencia. Hubo algunos intentos de modificar las cosas. Pero, semejantes a una dieta sin convencimiento, no pasaron de un hipócrita artificio. Llegado el punto en que las encuestas mostraron caídas en la popularidad, los políticos, eximios maestros en eso de no escupir el asado, volvieron a engordar la pavota como todo remedio para perdurar, pero sin poder evitar la crisis consecuente.

En todos los casos algún elemento exógeno al problema, crisis o caída de los mercados internacionales, imperialismo, salvajismo opositor, corporaciones mediáticas, etcétera fue el manantial discursivo para relativizar y hasta negar el fracaso. Así se escondió el algo con el todo y el eje del debate nos llevó a discutir deliberadamente sobre un argumento incorrecto y una conclusión falsa. Una hábil maniobra persuasiva que encapuchaba una maldita realidad: la de un Estado quebrado. No sólo por lo desmedido, costosísimo e incontrolable, sino también porque falseaba su propia esencia.

El mejor ejemplo, sin duda, lo da el período de gobierno kirchnerista. Millones de argentinos fueron cooptados a partir de su buena fe y negaron las evidencias justificando lo actuado. Pero esto no es lo más grave. Producida la debacle, para muchos los resultados fueron buenos, lo que equivale a decir que las mentiras fueron y siguen siendo buenas. Tanto que, en el plano de la autocrítica, habrá algunos de esos millones que considerarán que en todo caso las mentiras fueron nobles. En eso, el relato ha sido, y aún lo sigue siendo, una mentira de estética impecable. Al punto tal que para muchos sobrevive como verdad.

Algunos datos. El total de empleados públicos es poco menos de cuatro millones. Considerando los tres niveles (nacional, provincial y municipal), creció entre el 2001 y el 2014 casi un 70 por ciento. Actualmente el nivel de empleo público continúa creciendo y ya alcanzó el nivel previo a los despidos producidos por el actual gobierno. Teniendo en cuenta que se está frente a un año electoral, es previsible que la tendencia se profundice. Si bien es cierto que la masa salarial involucrada a nivel de la administración central es relativamente baja, si se consideran los niveles descentralizados, más los provinciales, los municipales y las empresas, el peso en relación con el gasto total resulta más que significativo.

Por otra parte, el empleo público crece a un ritmo mayor que el privado. Hoy el 17% de la población económicamente activa (PEA) está ocupada en el Estado. En las provincias, entre dos y tres de cada diez personas ocupadas lo hacen. Una comprobación de tamaño del Estado es que el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que recauda el Estado a través de impuestos para financiar sus actividades, esto es, presión tributaria, alcanza entre un 37 y un 40 por ciento. Lo malo es que aun así es insuficiente. En 2014, el déficit fiscal superó los cinco puntos del PBI y en el 2016, incluyendo los ingresos por blanqueo, se cerró en 4,6%, pero excluyendo estos recursos extraordinarios habría sido de 5,9% del PBI.

El motivo es claro, el gasto público en el 2004 era de 1.012 euros per cápita (17,4% del PBI); en el 2014, de 3.595 euros (32,7% del PBI) y en el 2015 fue de 5.314 (un 40,6% del PBI). Entre el 2004 y el 2014 lo impulsaron las erogaciones corrientes, en tanto el 89% obedeció a ese tipo de gastos, sólo el 11% a los correlacionados con infraestructura. La mayor dificultad es que los gastos corrientes son altamente inflexibles a la baja.

En consecuencia, respecto del gobierno actual no hay ningún imprevisto que no resulte verdadero. Todo lo que pasa encuentra una razón en el modo en que se fue engordando la pavota. Mauricio Macri, al igual que cualquiera de nuestros políticos, no puede dominar ese pasado, el reciente y los que precedieron a los anteriores, por lo tanto, se le confunde el presente. De ahí que pareciera que su gobierno camina pisándose los cordones cada vez que da un paso. Es cierto que hay ya una larga suma de traspiés, algunos infantiles, cometidos por errores tecnocráticos derivados del uso de metodologías de planeamiento estratégico que no incorporan escenarios sociales y políticos ni prácticas de prueba y error. Es cierto también que han sido reconocidos y en muchos casos corregidos, pero se trató de errores de gestión ordinaria. En ausencia de verdaderas políticas de cambio estructurales, no es una manera de arribar a la verdad. Sin desconocer las aristas políticas de los reclamos, las concesiones a diferentes grupos, llámense piqueteros, sindicatos o empresarios, sin contraprestaciones ciertas y comprobables, evidencian debilidades alejadas de la necesidad de cambios que presagian las disputas de mañana.

No es del caso exigir a Macri que se convierta en estadista, pero sí que no actúe como apresurado sobre la coyuntura. La gente, el colectivo social, diría un politólogo, aunque esté apegada a los problemas cotidianos, ya dio muestras de haber digerido el pasado en las últimas elecciones generales y en la movilización del 1A. Es seguro que sigue creyendo que el cambio es necesario. Está a tiempo. Por razones sencillas. Una: el ejemplo, seguro exitoso desde el punto de vista de la aceptación, del modo en que María Eugenia Vidal enfrenta el conflicto docente. Dos: ¿quién puede asegurar que con Fulano o Mengano nos iría mejor? No es fácil, a los pobres por ingenuidad o desconocimiento les cuesta advertir el engaño y los ricos lo admiten en tanto el juego teatral no le impida seguir siendo ricos o más ricos aún. Una cosa los une, son ingratos si se pretende cambiar la escenografía.

De inmediato se impone resolver el problema de la toma de decisiones. La coexistencia de un embudo centrífugo administrado por tres personas, adonde van a parar las acciones de los ministros y demás funcionarios, con 23 ministerios, de los cuales al menos siete se ocupan del tema central: la economía, es quizá la causa principal de que el Gobierno no pueda evitar pisarse los cordones al caminar. Aunque la concentración del área económica dé lugar a un superministro, no hay modo de enfrentar una crisis sin concentrar el poder de decisión en el área clave para producir los cambios. Contrariamente a lo que piensa el Presidente, ello le evita un desgaste prematuro, porque descarga en alguien tangible los costos que implica la introducción de cambios riesgosos.

De inmediato también se debe proceder a profundizar los cambios políticos e institucionales. Principalmente el fortalecimiento de una Justicia independiente, sin sospechas. Es de señalar que la solución integral llevará tiempos más extensos que el mandato del actual gobierno. Pero, como al decir de Oscar Wilde, la vida imita al arte, si logra despejar las malezas mostrando una ruta conducente, es probable que las alternancias en el poder no alteren el rumbo. Chile es buen ejemplo en este sentido. Las peores resistencias se harán presentes por complicidades con el pasado, por costumbres partidarias, por los ignorantes renuentes, por las minorías fanáticas y, sobre todo, por el chantajeo permanente a que es sometida la gente haciéndoles fácil elegir seguir viviendo en la mentira cuando la verdad es cruel.

 

El autor es ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía. Ex Secretario de Reforma del Sector Público Provincial.