Ha transcurrido más de la mitad del período de 180 días acordado para la dejación de armas, la total desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su reintegración a la vida civil y el horizonte de ese proceso es una densa y oscura nube tipo nimbus.

Después de firmada la supuesta paz y de que Juan Manuel Santos corriera a decirle al mundo la mentira de que se había acabado la última guerra civil en América Latina, la procastrista guerrilla del ELN y otros grupos disidentes nos recordaron, matando soldados y policías, que aquí no se ha terminado ninguna guerra ni mucho menos lo que Colombia ha sufrido en los últimos años, que no es otra cosa que, para decirlo en palabras del sociólogo francés Daniel Pécaut, "una guerra contra la sociedad".

Que el Gobierno nacional haya sido incapaz de exigirles a los elenos el cese de los ataques y las hostilidades para iniciar negociaciones de paz no es más que la repetición de la política de humillación del Estado puesta en marcha en las conversaciones de La Habana.

Hay razones suficientes y categóricas para pensar que el nuevo acuerdo final va mal, pero no por una mala gerencia, que la ha habido, sino porque simple y llanamente todo o casi todo se pactó con desmesuradas e injustificadas ventajas para las FARC y porque no ha respondido a las expectativas de paz de los colombianos.

Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y sus defensores no quieren reconocer que estamos en presencia de un desastre anunciado. Y que son ellos y no el pueblo, como dijo en tono insolente el Alto Comisionado de Paz, los que no conocen el país.

Somos un país en el que están sucediendo hechos anormales, como por ejemplo que de buenas a primeras el triunfo del pueblo en el plebiscito haya sido convertido en derrota. Se perpetró un golpe de Estado sin despliegue militar, sin violencia, sin empleo de la fuerza; bastaron el engaño, el ardid, la trampa, se suplantó el electorado por un Congreso que cedió sus funciones al Ejecutivo. Colombia ya no tiene una sino dos constituciones, la de 1991 y la del pacto de San Carlos que regirá por 12 o 16 años.

Así, hemos derivado en un país con una paz bizarra en el que hay intelectuales que creen, a lo Supermán, que pueden hacer girar la Tierra en sentido contrario o con ínfulas siderúrgicas, pues retuercen el sentido de la Justicia y de los derechos humanos como se retuerce el hierro en las acerías, diciendo que no hay ni un asomo de impunidad en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Hacen maromas gramaticales para justificar una Comisión de Verificación en la que Cuba y Venezuela tienen voto sobre asuntos internos, que la ONU no sea garante de nada, que las FARC no hayan entregado todos los menores de edad, que sus jefes se reúnan con quienes van a nombrar los jueces de la JEP, que no habrá registro ni testimonios independientes sobre la supuesta dejación de las armas.

Colombia era reconocida por contar con el Ejército más profesional y exitoso en la lucha contrainsurgente y antiterrorista, la institución más apreciada por los colombianos. Hoy tenemos dos ejércitos y el comandante del oficial hace lobby en el Congreso para que los congresistas aprueben leyes que igualan a los militares con los guerrilleros, y los obligaría a declarase culpables para salvarse de purgar largas penas.

Tendremos dos sistemas de Justicia, pues estamos a un paso de la aprobación, vía fast track, de la JEP que tendrá poderes omnímodos y juzgará a miles de empresarios, militares y políticos "responsables", según la "verdad" de las FARC, de la violencia paramilitar.

Estamos perdiendo la república unitaria en la medida en que se han consagrado zonas, territorios y jurisdicciones bajo el control exclusivo de las guerrillas. Lo que le ocurrió al gobernador de Antioquía es una muestra de ello. Luis Pérez Gutiérrez fue humillado en una de las zonas veredales de concentración donde le fue negado su ingreso. Su enérgica y razonable protesta fue respondida con las mismas palabras entreguistas de siempre por el irredimible Sergio Jaramillo que afirmó que a esas zonas no podían entrar civiles, como si un gobernador, máxima autoridad policial, civil, política y administrativa de un departamento fuese una persona carente de investidura.

Jaramillo, el filósofo diseñador de este humillante proceso, les dio de nuevo la razón, con lo que dejó en claro que esas zonas en esencia funcionan como las repúblicas independientes de ingrata recordación de los años sesenta.

De manera que tiene toda la razón el pueblo colombiano en manifestar a través de las encuestas, como con seguridad lo hará el próximo 1º de abril en las calles, su descontento y su desengaño con lo que está ocurriendo.