A todos los voceros del debate económico actual –incluidos los ministros del gobierno que no hablan con una sola voz- les asiste algo de razón. Pero la suma de las partes no da un resultado coherente, salvo que se sienten a acordar las cuestiones clave

Si nos tomamos el trabajo de analizar las opiniones de los distintos economistas que ocupan cargos ministeriales, de los que militan en la oposición, de los que sin ser opositores no están de acuerdo con la gestión, de los representantes corporativos, ya sean empresarios o sindicalistas, nos llevaríamos una curiosa sorpresa: ninguno de ellos expresa algo que esté equivocado o respecto de lo cual que no le asista razón.

Alfonso Prat Gay cree que, una vez solucionado exitosamente el tema cepo y holdouts, los otros problemas de la economía requieren un tratamiento gradualista, y tiene razón. Federico Sturzenegger considera que el problema inflacionario se debe resolver con instrumental monetario y respetando la autonomía y las facultades del Banco Central, lo cual es correcto. Rogelio Frigerio privilegia la relación política con las provincias aunque tenga un cierto costo fiscal y apunta a la obra pública, con un adecuado criterio keynesiano, para volver a poner en marcha la economía.

José Luis Espert cree que es necesario un cambio copernicano, con apertura irrestricta y un tipo de cambio alto; Roberto Cachanosky aboga por una decidida e implacable política de shock y es acompañado con prudencia por Miguel Ángel Broda, que a su vez concuerda con Roberto Frenkel en un único aspecto: que es necesaria una conducción económica centralizada. Son posturas atendibles. Roberto Lavagna emergió de un largo silencio para alertar sobre catástrofes inevitables si no se cambia el rumbo y fundamenta adecuadamente su posición, a la vez que aboga por un tipo de cambio elevado ("recontraalto" dijo alguna vez el querido e inolvidable Guido Di Tella) porque cree que eso mejora la competitividad.

A todos los mencionados les asiste algo de razón.

Los empresarios claman por menores impuestos y más protección porque se sienten desamparados. Los dirigentes gremiales reclaman aumentos y que no haya despidos, en tanto los dirigentes de organizaciones sociales quieren que se cree empleo, prestaciones sociales para los desocupados y, en el límite, parecerían aspirar a un sindicato de desempleados. Todos ellos están en condiciones de explicitar razonablemente el porqué de sus reclamos.

Ahora bien, los economistas del gobierno no logran explicar con claridad lo que buscan, y ello empeora la situación, porque si bien cada uno tiene parte de razón, la suma de esas partes no da un resultado coherente.

Además, no cuentan con la ventaja que tuvo Domingo Cavallo y que tuvimos con Lavagna, de que, previamente, Antonio Erman González y Jorge Remes Lenicov limpiaran las costas de Normandía. Al contrario, Axel Kiciloff las fortaleció.

Aquellos que no son gobierno son muy perspicaces para criticar, pero no parecen estar en condiciones de aportar una solución, y es lícito creer que, si les dieran responsabilidades, estaríamos peor.

Si creemos que la sociedad tolera una brutal política de shock, es que estamos viviendo en otro país. Si creemos que un tipo de cambio alto mejora la competitividad, nos olvidamos que eso hace caer brutalmente el salario y desconocemos que la falta de competitividad tiene muchas más causas, desde problemas de infraestructura y logística hasta una clase empresarial de poco nivel. (Cuando veo algunos personajes que se presentan como paladines de la industria o de las Pymes me asusto).

En muchos sectores empresarios y sindicales parecería existir el síndrome de la mujer golpeada. Doy dos ejemplos, pero hay muchos más. Uno, el de ciertos empresarios que parecen extrañar que Guillermo Moreno les gritara y los amenazara, total después hacían lo que querían, y el ex Secretario de Comercio mostraba el éxito truchando las cifras del INDEC. El otro es Pablo Miceli de ATE: durante el cristinismo Hugo Yasky lo humilló y lo basureó, y ahora va detrás de él como perrito faldero.

Dicho esto, casi como catarsis, me parece que hay que formular algunas  obviedades, tan obvias que nadie le presta atención:

1) Los salarios expresados en dólares son muy altos;

2) Esos salarios tienen un poder adquisitivo muy bajo;

3) Tenemos un excesivo empleo estatal, tanto de trabajadores como de subsidiados, (a los que se piensa agregar más todavía tras la fachada de la emergencia social), donde todos gozan de  estabilidad plena y donde los que tienen relación formal perciben salarios altos y son defendidos por sindicatos fuertes y activos  (observar a los docentes, a la mencionada ATE, etc.)

4) Los obreros y empleados del sector privado no tienen estabilidad;

5) El gasto público, el déficit fiscal derivado y la presión impositiva son intolerables, y hacen que nuestra economía sea inviable.

6) Existen enormes ineficiencias económicas y burocráticas, que conspiran contra la competitividad, y que provocan que el costo argentino sea muy elevado (por dar un solo ejemplo, es absurdo transportar la mayor parte de la cosecha en camión).

7) Mucho más grave que la pobreza, es la enorme masa de excluidos, porque son el principal combustible para el populismo.

8) La decadencia de la educación argentina, que a su vez degrada la capacidad laboral.

En este estado de cosas, sólo es "coherente" el cristinismo que puede ofrecer un paraíso consumista, una emisión suficiente para cubrir el déficit y, gradualmente, llegar a ser Venezuela, sin insumos, sin alimentos, sin medicamentos ni papel higiénico ni tampones.

¿Hay salida?

Creo que llegó el momento de recordar la principal enseñanza de Perón: esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie.

Sin embargo, por ahora, parece haber poco interés en acordar. Veamos la reciente discusión sobre Ganancias: el Gobierno sabe que tiene que encarar el tema, y no sólo por la promesa preelectoral, pero no ha sido capaz de formular una propuesta razonable; por su parte, la oposición no kirchnerista sabe que una excesiva "generosidad" debería estar respaldada en la obtención de ingresos adicionales de fuentes racionales o en la baja del excesivo gasto público y no en este inexplicable galimatías, digno de Cambalache.

El presidente Mauricio Macri parece haber advertido el problema del gasto público elevado, pero una vez más se toma el camino equivocado que es pedir a los ministros que lo bajen; el resultado será, durante un tiempo, menos cantidad de café y la necesidad de autorización expresa -como mínimo de un subsecretario- para hacer fotocopias y llamados desde líneas fijas a celulares…

Pero si la discusión y el debate, como ocurrió, quedan centrados exclusivamente en Ganancias, las dos partes tienen algo de razón, pero convierten el tema en insoluble porque no se tiene una visión de conjunto.

Por ello, para la oposición es más fácil "quedar bien", planteando metas inalcanzables con propuestas ficticias: impacta ver que se propone alegremente imponer derechos de exportación a la minería, aspecto que en abstracto me tendría sin cuidado e incluso podría estar de acuerdo, pero olvidan los legisladores que ese sector tiene estabilidad fiscal por treinta años, dada por las leyes 24196 de 1993 y 25429 del 2001, y, lo más curioso, que fuera su impulsor el entonces senador, José Luis Gioja, que, ahora devenido diputado, promueve algo que viola derechos adquiridos.

Entonces, si la clase política sigue jugando a propuestas efectistas pero inconducentes, tendríamos que ser indulgentes con algún adulto que cree en los Reyes Magos… y para el caso de la sanción de la ley de Ganancias en diputados, repugna ver que muchos han hecho de manera oportunista causa común con el kirchnerismo.

(Hola Stolbizer, llamado para Ud….)

Si queremos que haya salida, habría  llegado el momento en el que todas las fuerzas políticas, con la excepción del cristinismo, se sienten a una mesa a resolver la cuestión clave.

Meta: reducir el gasto público consolidado entre un 8 y un 10 por ciento del PBI total, desde ahora y hasta el año 2023 y la presión impositiva en forma concomitante. Instrumento: un pacto firmado por todos, en el que estará establecido en qué rubros se producirá esa disminución y en consecuencia ese tema quedará al margen de las luchas políticas. Resuelto el tema, no se discute más, se aplica.

Teniendo en cuenta que en la actualidad muchos aspectos de la doctrina peronista son comunes a todos los partidos políticos (excepción del cristi-kirchnerismo, que es visceralmente antiperonista) aquel consejo del viejo General debería ser respetado y aplicado.

Ello tal vez permita contestar afirmativamente la pregunta de si nuestra economía tiene salida, si bien se trata solo una condición necesaria para que la Argentina empiece a recuperarse.

Economista, ex Secretario de Energía