Desde que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli asumió, hace casi un año, se puso en marcha un proceso de profunda reforma política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Gobierno comandado por Bruno Screnci, y bajo la tutela de un experto de la talla de Hernán Charosky (Argentina Debate-Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), se organizó Dialogando BA: un espacio de discusión donde vecinos, expertos, representantes de los tres poderes porteños llevaron a cabo un extenso debate durante todo el 2016 para ver hacia dónde debíamos ir con la reforma política en la Ciudad.

Uno de los tantos apéndices de estas charlas e intercambio de ideas ya se cristalizó en el proyecto que estos días estamos discutiendo en la Legislatura para modificar la actual ley 104 de acceso a la información.

Aprobada en 1998, la 104 es una ley modelo que hace 18 años transformó el concepto sobre el derecho que los ciudadanos tenemos de ser informados sobre los actos de Gobierno. Para ser práctico en la explicación, la 104 exigía que el Estado respondiera cualquier consulta realizada por un vecino. Fue un paso importante en una época en la que los funcionarios tenían la potestad de decidir cuándo y qué información entregaban a los ciudadanos, los organismos de control, etcétera. Nadie controlaba esto hasta la llegada de la ley 104, y ahí el Estado porteño comenzó a cambiar.

Cuando nuestro actual presidente, Mauricio Macri, asumió como jefe de Gobierno, realizó un profundo estudio sobre cómo modernizar la administración. Hubo hitos fundamentales como la implementación del expediente electrónico y la creación del portal de datos abiertos de la Ciudad.

Pero la actual administración quiere ir más allá. Por eso decidió realizar un trabajo constante y profundo para discutir cuáles son las formas para lograr que los funcionarios de turno reconozcan que merecemos acceder a sus decisiones y su porqué. Se puede caer en el populismo de la frase: "Yo pago mis impuestos y te pago el sueldo". Pero sin incurrir en la demagogia de considerar que esa frase es legítima, sí es cierto que en el PRO afirmamos que la tarea que desarrollamos es circunstancial y que estamos en política por nuestra vocación de solucionar los problemas de la gente.

Garantizar la transparencia de los actos de gobierno, la entrega de información completa y sin dilaciones para el ciudadano es una obligación que sentimos desde el PRO. Este proyecto presentado por el Poder Ejecutivo plantea un concepto considerado fundamental por el Gobierno porteño: la transparencia activa.

¿A qué nos referimos con esa concepción? A que vamos a cambiar el paradigma que sostenía la ley 104 hasta hoy. Hasta ahora, el Estado estaba obligado a responder las consultas que realizaba la ciudadanía. Si el proyecto prospera, y vamos a trabajar para lograr todo el consenso posible para que eso suceda, los tres poderes del Estado deberán publicar toda la información producida por los funcionarios para ponerla a disposición de los vecinos. El cambio es más que significativo. Hasta ahora uno debía saber preguntar en tiempo y forma para lograr la respuesta buscada. A partir de la aprobación de esta norma, estará todo a disposición de los ciudadanos, todo podrá ser visto y, por consiguiente, controlado.

Esto es fruto de discusiones, charlas, exposiciones, intercambios y todo promovido por un Gobierno de la Ciudad que abre sus puertas para que las nuevas ideas fluyan. Así damos un paso más en el camino del buen Gobierno.

 

El autor es legislador porteño. Presidente de la Comisión de Políticas de Promoción Social.