Reformular la política social

Al observar las proyecciones contenidas en el presupuesto para 2017, vemos con agrado que los créditos que se le asignan al Ministerio de Desarrollo Social se ubican entre los que mayor crecimiento muestran (+41% frente al presupuesto vigente actual). Esta es, a priori, una buena noticia, ya que los desafíos pendientes en materia social son de gran envergadura, especialmente teniendo en cuenta el deterioro que se evidenció este año. Pero digo "a priori" porque, ante el desafío que tiene ese ministerio por delante, importa tanto el presupuesto que tenga como la dirección de las políticas que se financien con esos créditos.

Resolver el drama de la exclusión social es una tarea tan urgente como compleja, ya que el cuadro que muestra la Argentina (y en este sentido esto no es atribuible al actual Gobierno) es de amplios segmentos en situación de vulnerabilidad, contexto que para peor tiende a cristalizarse y mantenerse en el tiempo por los mecanismos activos de reproducción intergeneracional que hoy existen.

Afirmamos que hay vulnerabilidad cuando las capacidades de respuesta de los individuos o los hogares son insuficientes para hacer frente a la materialización de riesgos sociales (inseguridad alimentaria, vejez, invalidez, etcétera). Por ello, al hablar de exclusión social no podemos acotarnos al número de pobreza de 32,2% que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y seguramente compararemos con el 29% (o 34%) que difundió el Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), ya que nos estamos refiriendo a un fenómeno multidimensional, que se hace presente ante la carencia de uno o más derechos sociales (alimentación, salud, vivienda digna, acceso a servicios básicos, educación y empleo). Sin ir más lejos, en el mismo informe en que la UCA anunció el 29% de pobreza por ingreso, se mostró que el 47% de los hogares argentinos tiene carencia en al menos un derecho social básico.

Lo que hay en Argentina, entonces, y que afecta a un gran número de nuestros compatriotas, es una profunda desigualdad de capacidades de respuesta. Y esta situación tiende a reproducirse en el tiempo: lo más probable para un niño que hoy nace en un hogar con carencia de derechos sociales es que replique esa situación hacia adelante. Es decir, hoy tenemos un muro que divide dos realidades antagónicas que conviven y se retroalimentan mutuamente.

Es aquí donde el papel de la política social, para otorgar esas capacidades de respuesta y poner en pie de igualdad los segmentos más rezagados, se vuelve crucial e indispensable. El muro no se derribará ni por su cuenta ni por derrame.

La política social de la última década ha dado significativos avances en materia de extensión de la cobertura, y es algo que debemos mantener y profundizar, pero ya ha dado muestras de ser insuficiente para derribar el muro. Ha funcionado más como un dique de contención (construyendo las bases de un piso de ingresos para todos los hogares) que como un puente a la inclusión (otorgando las capacidades para que esos hogares por sí solos superen los riesgos sociales).

Por esta razón, estamos convencidos de que debemos reformular la lógica y la orientación de la política social para que definitivamente permita a los segmentos más postergados superar (y no sólo mitigar) la situación actual de vulnerabilidad.

En este sentido, creemos prioritaria la confección de un mapa de la exclusión que identifique sectores e intensidades, el trazado de metas cumplibles para el corto, mediano y largo plazo, y la elaboración de un curso de acciones realista.

En segundo lugar, remarcamos la necesidad de profundizar la interacción de todos los brazos del Estado: las acciones del Ministerio de Desarrollo Social no pueden trabajar desvinculadamente de la Secretaría de Vivienda, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Sedronar, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), del PAMI, de las provincias y los municipios, etcétera. Nuevamente, la exclusión social es un fenómeno multidimensional. En este sentido, es necesario que el ministerio no sólo detalle los programas y sus montos, sino que explicite cuál es la lógica interna de su oferta programática (cuál es el ciclo de migración entre programas) y de qué forma se articulan esas acciones con las órbitas de otras jurisdicciones.

Finalmente, en esta reconversión de la política social, serán claves también el desarrollo de adecuados mecanismos de monitoreo y evaluación de las distintas acciones, hoy ausentes en la mayoría de los casos.

Celebramos la prioridad presupuestaria que tendrá el gasto social en el presupuesto 2017, que en última instancia es la primera señal de cuán dispuestos estamos los argentinos a resolver nuestro agudo cuadro de situación social. Lo que sigue ahora es cómo mejorar la dirección de ese esfuerzo, para derribar el muro y construir un puente. Tenemos una oportunidad para hacerlo. Como dijo José Ortega y Gasset: "Argentinos, a las cosas".

@marcolavagna