El déficit de caja de las empresas públicas parece indomable

Transcurrido el primer semestre pleno del Gobierno de Cambiemos las autoridades económicas mantienen entre las grandes asignaturas pendientes la disminución real -esto es que aumente menos que la inflación-, primero, y nominal, después, del saldo operativo negativo que acumula el conjunto de las empresas públicas.

Pero además, arrastra el vicio anterior de no explicitar en los informes mensuales de la Secretaría de Hacienda sobre el estado de las finanzas públicas la contribución que cada empresa a cargo del Estado, esto es del conjunto de los argentinos, en modo pleno, y también parcial, en los casos que registra una participación accionaria mayoritaria, pero no absoluta.

El dato se considera relevante para no sólo para no tener que poner a todas en la misma bolsa, sino mejor aún para poder mostrar a la sociedad en su conjunto quiénes logran progresos y quienes siguen atrasando, pese al cambio de mandos.

El balance del primer semestre que dejó la ejecución presupuestaria en base caja, esto es la que considera las diferencias entre los recursos tributarios percibidos en el período y los gastos efectivamente pagados, no ha sido bueno para el caso del resultado de las empresas públicas. Por el contrario, empeoró severamente en junio, y más aún en contraste con la dinámica general del sector público en su conjunto.

Según el informe de la Tesorería entre enero y junio de 2016 el agregado de las empresas públicas sumó un rojo operativo de poco más de $18.593 millones, unos USD 1.200 millones, equivalente a 1,7% del gasto total del sector público nacional antes del pago de los intereses de la deuda pública, 7,8% del déficit financiero del período, y lo que demandaría construir y poner en funcionamiento más de 15 grandes hospitales en la provincia de Buenos Aires. Se incrementó 82% en comparación con un año antes.

Un año atrás, ese desequilibrio había sido de $10.220 millones, representativo de 1,2% del gasto primario y 6,4% del desequilibrio financiero.

De ahí se desprende que con sólo alcanzar el equilibrio agregado de las finanzas de las empresas públicas no sólo se podrían contribuir con el recorte del déficit fiscal agregado en más de medio punto del PBI, sino mejor aún permitiría liberar fondos para necesidades sociales urgentes, como la mencionada construcción de hospitales, escuelas y dotar de más recursos a los comedores de los centros asistenciales de todo el país.

El rol social no debe justificar una administración ineficiente

Como empresa pública se podría llegar a aceptar que cumplen un rol social, y por tanto no persiguen fines de lucro, pero no que dejen que se produzca el envejecimiento de su capital de trabajo, y con ello de la calidad de sus productos y servicios, como ha sucedido en los últimos años, y menos aún que se constituyan en una pesada carga para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, a esta altura pareciera quedar bien claro que el aumento de la presencia del Estado en la actividad productiva y comercial ha contribuido más a generar ineficiencias y pérdida de competitividad de la economía en su conjunto que a cumplir con la premisa de asegurar un eficiente rol social. Por el contrario, en mucho han contribuido a exacerbar la tasa de inflación.

De ahí que cabe esperar que en las metas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2017 el Gobierno nacional se proponga, no sólo revertir la tendencia inercial de un rojo creciente de las finanzas de las empresas públicas, sino por el contrario, revertirlo.