SOMU: otra vez la maldita impunidad

A principios de febrero de 2016, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso el inmediato cese de todos los mandatos gremiales de la conducción nacional del más poderoso sindicato marítimo del país y de América Latina. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue intervenido por un triunvirato integrado por una diputada nacional (PRO), un abogado representante judicial y un funcionario del Ministerio de Trabajo. Algo sin precedentes en la historia sindical nacional. Un triángulo con un vértice en cada uno de los tres poderes del Estado. "A grandes males, grandes remedios", se dijo el día que se ordenó la medida judicial.

Omar Suárez y otros ex dirigentes fueron procesados por poner en riesgo la seguridad de la navegación y afrontan además otras cuestiones relacionadas con el manejo de los fondos sindicales, aunque estas no han llegado aún a la instancia del procesamiento. Las sospechas van desde manejo discrecional de fondos hasta sobreprecios e irregularidades varias en la conducción de la poderosa obra social sindical.

El mandato judicial a los interventores incluyó la revisión de los procesos de compra y las contrataciones del gremio, el relevamiento de una gran cantidad de emprendimientos empresarios montados en forma paralela al sindicato y la normalización de la bolsa de trabajo, entre otros.

Pomposos informes de gestión daban cuenta de la "eficiente" labor del triunvirato. Aunque muchos se preguntaron si la publicidad de esos actos administrativos no debía quedar reservada a "su señoría", en lugar de ser difundidos urbi et orbi por una legisladora miembro de un partido político que lo hacía como si estuviera manejando la cosa pública.

A poco de funcionar, este triunvirato comenzó a tener serios problemas de coordinación, fundamentalmente debido al criterio de tener que tomar todas las decisiones en forma unánime. Como usted sabe, querido amigo lector, por estas tierras tenemos serias dificultades para trabajar en equipo.

Lo que comenzó siendo un secreto a voces fue escalando a tal punto que en las últimas horas dos de los tres interventores han decido alejarse de la intervención por las severas diferencias que tienen con el manejo personalista y mediático que —según ellos— viene realizando la rama femenina de la intervención, a cargo de la por estos días muy mediática diputada nacional del PRO.

Resultó particularmente llamativo ver al delegado interventor designado oportunamente por el Ministerio de Trabajo quejarse frente a distintos medios de comunicación del abuso de autoridad que hacía su propia compañera de equipo. Frases tan duras como: "Está queriendo bajar los sueldos de los afiliados al sindicato" o "Se reúne a escondidas con los empresarios para ir contra los intereses de los trabajadores", sonarían coherentes si fueran expresadas por los ex sindicalistas apartados por el juez Canicoba Corral, pero de boca de uno de los miembros del triunvirato interventor son cuando menos escandalosas.

Para cuando usted lea esta columna al menos dos de los tres interventores judiciales habrán dejado su puesto, alarmados por considerar que se están cometiendo (aunque en escala reducida) los mismos atropellos que se fue a eliminar. Utilización de los medios y de personal del gremio para fines personales, gastos excesivos en propaganda destinada a exaltar la figura de una funcionaria política, incompatibilidad de tareas, ya que no se puede tener un cargo legislativo y estar trabajando a las órdenes del Poder Judicial, discrecionalidad en el manejo de los intereses de los trabajadores, y una larga lista de asuntos que incluso ya le han merecido a la interventora, que aún se mantiene en funciones, una severa denuncia penal que la acerca procesalmente bastante al sindicalista que fue a reemplazar.

La peculiar situación se completa con un raid mediático durante el cual la legisladora interventora se victimizó por haber sido "perseguida" por desconocidos durante una "gira de trabajo", al tiempo que remarcó la gratuidad de sus patrióticas tareas al frente de la intervención del sindicato marítimo. Horas después, se conoció que los supuestos perseguidores eran la propia custodia dispuesta para su seguridad personal, en tanto que un recibo oficial de haberes dejaba al descubierto que goza de un envidiable complemento salarial por sobre su dieta como diputada nacional por sus "patrióticos esfuerzos al servicio de los trabajadores argentinos".

Gracias a José López, Lázaro Báez, Aníbal Fernández y otros próceres de la década ganada, este gran bochorno del nuevo ciclo democrático ha pasado bastante inadvertido. No se sabe a ciencia cierta por qué es que una entidad gremial lleva meses sustraída de la mano de sus legítimos dueños, cuando hay sobrados casos en la historia reciente que muestran a dirigentes sindicales procesados y condenados sin que ello implique encarcelar también la libertad sindical del resto de los afiliados.

Pero infinitamente más grave resulta ver que basta solamente con dar una cuota de poder a un funcionario para que inmediatamente éste se crea el dueño de la pelota, de la cancha y —en este caso en particular— también de los jugadores. Miles de trabajadores marítimos están hoy a la deriva; nadie defiende sus derechos, negocia sus paritarias, los representa en organismos nacionales e internacionales en un hecho tan fuera de toda norma que por estas horas una protesta formal será presentada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Nadie en el Gobierno de Cambiemos parece verlo, tal vez porque los montos en discusión son infinitamente menores a los cientos de millones de dólares procesados en La Rosadita o los arrojados desde extramuros al interior de la santa tierra de un convento. No obstante, no deberíamos permitirlo, no deberíamos dejarlo pasar por alto. Enviamos a una mujer de la política a terminar con los vicios del gremialismo corrupto y a seis meses de gestión sólo se vislumbra la incubación de un peligroso virus compuesto por una perversa mezcla de los males que se pretendían erradicar, más una descarada y obscena dosis de la impunidad típica de un político que usa mal el poder transitorio que el pueblo le concedió.

Urge que alguien aplique una poderosa vacuna para erradicar la peste, antes de que, una vez más, lleguemos demasiado tarde.

@fermorales40

El autor es Capitán de Fragata (RN), maquinista naval superior (veterano de guerra de Malvinas), licenciado en Administración Naviera.