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Sabado 21 de Noviembre
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Declararon inconstitucionales las "leyes del perdón"

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El máximo tribunal anuló por una amplia mayoría la Obediencia Debida y el Punto Final. El fallo habilita la apertura de juicios a centenares de militares acusados por su actuación en los 70

(EFE).- La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos leyes que impidieron el procesamiento de centenares de implicados en la represión política entre los años 1976 y 1983, durante la dictadura militar.
 
La decisión de la máxima instancia judicial argentina invalida las leyes conocidas como "Punto Final" y "Obediencia Debida", informaron fuentes judiciales.

La anulación de estas leyes permitirá seguir adelante con los numerosos procesos judiciales que estaban congelados por delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el régimen militar.

La Corte decidió el fallo con el voto favorable de siete de sus nueve miembros, mientras que uno votó en contra de la resolución y otro se abstuvo de pronunciarse.

Los jueces que firmaron a favor de la incontitucionalidad  fueron Enrique Petracchi, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Fayt fue el único que rechazó la medida.

El tribunal supremo adoptó la medida después de analizar durante más de tres años un caso específico sobre la desaparición, en 1978, de un matrimonio formado por un chileno y una argentina y la apropiación de la hija de ambos.

La resolución abre la posibilidad de que entre 500 y un millar de militares y policías que participaron en la represión ilegal sean enjuiciados, informaron a EFE fuentes oficiales.

La Corte convalidó una serie de fallos de instancias judiciales inferiores que a partir de marzo de 2001 cuestionaron la validez de las llamadas "leyes del perdón", que habían sido aprobadas por el Parlamento en la década de los años 80 bajo presión militar.

Las principales causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura fueron reabiertas por la Justicia después de que en agosto de 2003 el Parlamento anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

De los miembros de fuerzas armadas o de seguridad que figuran como imputados en esos expedientes "muy pocos siguen en actividad", señalaron portavoces del Ministerio de Defensa, cuyo titular, José Pampuro, reconoció que "hay algún tipo de inquietud" entre los militares involucrados.

La inconstitucionalidad de las "leyes del perdón" era un antiguo reclamo de las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, que celebraron el fallo de la Corte Suprema por considerar que contribuye a terminar con la impunidad en Argentina.
 
La aprobación de las normas de Punto Final y Obediencia Debida se produjo en 1986 y 1987, respectivamente, cuando el Gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín estaba agobiado por rebeliones militares desatadas en oposición a las citaciones judiciales de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

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