En 1988 se pensó una Ley de Coparticipación Federal provisoria que iba a durar tres años. Así se fijaron los coeficientes de reparto entre las provincias, sin ningún criterio socialmente objetivo, es decir, por qué una provincia que es similar a otra recibe una porción distinta, como Catamarca y Salta, o por qué Chaco recibe mucha más coparticipación que Formosa. No había criterios objetivos, más allá de las fuerzas políticas que entonces dictaron que una provincia recibiera un determinado porcentaje. A su vez, esas alícuotas no tienen ninguna previsión de actualización.

Si una región se desarrolla más que otra, y si la ley fuera solidaria, como uno tiene la idea que debe ser una ley de reparto de recursos, tendrían que ir actualizándose los componentes y establecer –como existe en algunos otros países federales grandes: Australia, Canadá– algún esquema de premios y castigos, por decirlo de algún modo, que dependa de las capacidades y necesidades fiscales de cada provincia.

En nuestro país venimos arrastrando esa ley que tiene, por así decirlo, el 'pecado original' de no tener coeficientes objetivos y, conforme fueron pasando los años, se le fueron agregando innumerables cambios y modificaciones y ninguna fue reemplazando a otra, sino que se fueron apilando, con la introducción de nuevos fondos y formas de distribuir entre provincias, como el Fondo del Conurbano bonaerense.

Este fondo aseguraba inicialmente a la provincia de Buenos Aires un monto de 580 millones de pesos, en una época en la que no había inflación. Hoy en día, ese fondo del conurbano bonaerense sigue con un monto fijo: en los 90 servía y actualmente, ya en febrero, se recibió todo y esta provincia queda afuera de otros repartos de recursos.

Se va haciendo un sistema complejo, sin efectividad, que evidentemente requiere una modificación. Salta la necesidad de modificarlo precisamente en esta época en la que las provincias comienzan a ver desaceleración de sus ingresos y están buscando alguna reforma que las beneficie.

Evidentemente, esto no es para nada fácil. La Constitución de 1994 estableció que tenía que haber una “ley convenio” en la que tienen que estar todas las provincias de acuerdo en un 100 por ciento. Cada provincia, sin importar su tamaño, tiene el poder de veto y de decir "Esto no me convence", y la coparticipación no se aprueba.

Los coeficientes de coparticipación representan el porcentaje que cada provincia recibe directamente, pero este dato ya no es determinante, porque hay otras transferencias de la Nación que son discrecionales y que modifican fuertemente este reparto. Santa Cruz, por ejemplo, es la provincia que recibe más dinero 'no automático' por habitante. Además, el gasto nacional se ejecuta, necesariamente, en algunas provincias, y esta, lamentablemente, es una información que ha salido de nuestro radar.

Cada provincia se queja de que recibe menos de lo que aporta, al no haber estadísticas para realizar un análisis detallado sobre dónde y cómo gasta el Gobierno en distintas provincias y cuánto se genera de recaudación en cada una de ellas.

Uno espera que un sistema de coparticipación tenga cierto componente de solidaridad y se trasladen recursos a las provincias que tienen menos capacidad de generarlos. Y que también tenga alguna cuestión de equidad y que aquellas que terminen aportando mucho no terminen recibiendo mucho menos de lo que aportan. Estos dos objetivos van, muchas veces, uno en contra del otro.

Cuando en la Constitución surge que la Ley de Coparticipación tiene que ser equitativa y solidaria, es como que está forzando una norma que es difícil de cumplir. Por eso estamos con 20 años de atraso para generar una nueva ley y estamos incumpliendo 16 años, porque desde 1996 tendríamos que tener una nueva coparticipación, según lo fijado en 1994.

* Economista del IARAF. Doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Amberes, Bélgica. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba