El Ministerio de Sanidad español planea cobrar a partir del 1 de setiembre a los inmigrantes por ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, y según informa hoy el diario El País, la cuota mensual será de 59,20 euros mensuales, y el doble, 155,40 euros, en el caso de los mayores de 65 años.

Las medidas planteadas por el cada vez más impopular gobierno de Mariano Rajoy provocaron inmediatamente las críticas de los partidos de la oposición –los socialistas y la izquierda unida- al igual que de asociaciones médicas, que calificaron la medida de “irracional” e “inmoral”.

La portavoz parlamentaria del socialismo, Soraya Rodríguez, aseguró que su partido está "absolutamente en contra" de que se cobre una cuota mensual a los inmigrantes irregulares para ser atendidos, mientras que el diputado izquieridsta Gaspar Llamazares acusó al Ejecutivo de "criminalizar" a los inmigrantes y de tratar de hacerles responsables de un, a su juicio, "inexistente" despilfarro en la sanidad.

Desde el País Vasco, cuyo ejecutivo está gobernado por un partido de oposición, el gobierno autónomo reiteró que mantendrá la asistencia sanitaria a todos los colectivos, al igual que lo hicieran las autoridades de Cataluña y Andalucía, y señaló que la nueva norma conduciría a una "completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado" que dejaría a las comunidades el papel de "meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias".

En ese sentido, la Organización Médica Colegial (OMC) defendió que todos los inmigrantes sean atendidos en los hospitales públicos por motivos de prevención de enfermedades como económicos. Para los médicos, su obligación ética es atender a todos los ciudadanos y consideraron que el sistema médico publico abarca a todos los que residen en España.

Otras asociaciones expresaron su rechazo frontal a los planes del Gobierno, como la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, que señaló que con esta norma se trata de "poner precio a la salud y a la vida". Las cifras de personas que residen en España sin autorización no son exactas ya que, dependiendo del cruce de distintos datos oficiales, se habla de 150.000 o de 500.000.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública se opuso también al considerar que las cantidades establecidas son "excesivamente elevadas" para algunos grupos de población y "sospechosamente parecidas" a los costos de los seguros privados.

Esta organización observó además que el nuevo sistema afectaría a las personas que lleven empadronadas en España más de un año por lo que seguirían quedando fuera de la cobertura sanitaria un grupo importante de población, los que viven en una situación de mayor precariedad económica y social.

“Esta decisión no tiene sentido desde el punto de vista político, ni ético ni sanitario”, afirmó el médico Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). “Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos para afrontar el pago por los servicios sanitarios”, añadió a la emisora Cadena Ser.