El Departamento de Estado norteamericano señala en su informe sobre terrorismo en 2011 que, pese a que los servicios de inteligencia de ambos países mantuvieron una estrecha colaboración durante el pasado año, el decomiso por parte de autoridades argentinas del material del carguero C17 norteamericano provocó la reducción de "capacitación y otras formas de cooperación bilateral con respecto a la aplicación de la ley".

El documento señala que el cargamento, que incluía armas, equipos de comunicación y medicamentos, y que fue devuelto cinco meses después de que se originara el incidente, había sido aprobado por el gobierno argentino para que las Fuerzas Especiales de los EEUU entrenaran a la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.

Tras el arribo del avión a Ezeiza el 10 de febrero de 2011, las autoridades nacionales detectaron "material que no figuraba en el memorando que se había aprobado", según informó en aquel momento Cancillería. La Justicia argentina posteriormente investigaría el tema y archivaría la causa al considerar que no existía delito de contrabando.

El incidente provocó una crisis diplomática entre ambos países en la que se involucró hasta el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien lo calificó de "serio" y se comprometió a hacer un reclamo a la presidente Cristina Fernández cuando se encontraran personalmente.

En una nota de prensa enviada tras la devolución del cargamento, la Embajada norteamericana en Argentina informó que el episodio se había resuelto "satisfactoriamente", y reafirmó que el material cuestionado estaba "relacionado con una actividad de entrenamiento conjunta previamente planeada y aprobada", y fue incautado "por fallas administrativas involuntarias".

Más adelante, el informe destaca los "continuos esfuerzos" del gobierno nacional para esclarecer y llevar a la Justicia a los responsables del atentado a la AMIA, mientras destaca que, desde marzo del pasado año, los pasaportes sean expedidos por el Registro Nacional de Personas (RENAPER) como parte del esfuerzo oficial de aumentar las medidas de seguridad con respecto a la documentación.

El Departamento de Estado también celebra la aprobación de la nueva legislación antilavado, así como  la "Ley Antiterrorista", votada a finales de 2011. Según el informe, la nueva normativa "generó controversia en algunos sectores por ser excesivamente amplia" y su potencial de ser aplicada "erróneamente", pero al entender de los EEUU, "cierra varias lagunas jurídicas sobre el financiamiento del terrorismo".