“Es importante permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas”, indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto.

La nota se refería a las irregularidades que una auditoría del Tribunal de Cuentas dijo haber hallado en torno a las negociaciones de la Comisión Administradora del Río de la Plata para definir el contrato para el dragado del canal.

En un informe divulgado este martes, se sugirió que la delegación argentina de ese organismo habría demorado el debate para favorecer la extensión del contrato de la empresa Riovía S.A. El reporte también se hacía eco de un presunto intento de soborno que había sido denunciado por un funcionario uruguayo en mayo.

En el comunicado, la Cancillería, que ayer ya había refutado las acusaciones de informe, insistió en que el tribunal contradice lo expresado el 12 de junio por el canciller uruguayo, Luis Almagro, quien negó la existencia de actos de corrupción.

La nota recordó que la Comisión “es un organismo binacional cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo”. Por eso es que, “ante la situación de duda planteada por uno de los socios”, se decidió “suspender nuevas actuaciones” relativas al canal “hasta tanto el gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos”.