El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició el jueves las audiencias del jury contra el suspendido juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, aunque, debido a que una de las partes acusadoras desistió de presentar cargos contra el magistrado, se postergó una definición.

La Comisión Bicameral creada por la ley que rige estos procesos no acusó a Sal Lari con el argumento de que en marzo, cuando el juez ya estaba suspendido, fue sobreseído por la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro en la causa que se le había iniciado por no liberar a un detenido.

Sin embargo, el caso contra él no quedó definitivamente cerrado, ya que la parte denunciante (el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y Carla Regis, esposa de una víctima de la inseguridad) tienen ahora cinco días hábiles para presentar más pruebas y hacerse cargo de la acusación ante el tribunal. 

Sal Lari fue suspendido en su cargo en abril del año pasado, luego de que el jury decidió acusarlo sólo por una de las 11 causas por las que lo habían denunciado: el denominado "Caso González". El juez está acusado por no haber efectivizado, luego de siete meses, la excarcelación concedida en 2005 a un imputado llamado Jorge Luis González, a quien la sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari.

La Comisión Bicameral desistió de la acusación porque no existió el delito del modo en que se venía planteando, por lo que el abogado defensor del magistrado, Gustavo Trovato, pidió la absolución de Sal Lari. Sin embargo, el jurado que preside el titular de la Corte, Eduardo De Lázzari, y que integran cinco legisladores abogados y cinco letrados de matrícula, rechazó por mayoría ese planteo y resolvió dar traslado de las actuaciones al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, uno de los denunciantes de Sal Lari, para que ratifique o desista de la acusación.

Ulises Giménez, secretario del jury, explicó que “cuando la Comisión Bicameral acusó, Gustavo Posse adhirió a esa acusación, pero al haber desistido, la mayoría del jurado interpretó que había que consultarle al acusador particular que había quedado fuera por la representación ejercida por la Bicameral”.

Precisó que Posse “tiene ahora cinco días hábiles para decidir si quiere asumir el rol de acusador” y agregó que, si adopta esa postura, “el jury continuará su desarrollo, aunque el
denunciante particular deberá fijar una caución porque así lo establece la ley”. Detalló que si el intendente “asumiera el rol de acusador, la causa se retrotraería al momento en que se lo dejó de tener como parte, es decir, a la etapa de prueba, para la que hay que fijar una audiencia y luego otra para el debate”.

Al presentar su defensa ante el jury el año pasado, Sal Lari explicó que la orden de libertad del detenido González fue confeccionada y despachada a la seccional por la secretaria del juzgado y fue recibida por la Policía.

Sin embargo, el imputado salió libre recién siete meses después, lo cual derivó en una sanción disciplinaria de 15 días por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) a la secretaria, ya que se entendió que no controló la acción policial.