Son muchas las consecuencias de cerrar la economía y del famoso cepo cambiario que ha implementado el Gobierno. Ya hemos hablado de cómo está siendo afectado el crecimiento económico, cómo se han parado varias transacciones inmobiliarias y cómo está cayendo la inversión. Pero esta política de retraso cambiario del dólar está otra vez comenzando a afectar fuertemente al interior del país, al “país profundo”, como dice la Presidente. Los impactos repercuten en dos frentes: los productores argentinos que tienen que exportar y los gobiernos provinciales y municipales.

Los productores: Como cada vez que hay retraso cambiario, los productores del interior comienzan a sufrir. Los costos internos, tanto de mano de obra como impuestos o de servicios, suben a más del 20%, mientras que el tipo de cambio no lo hace a más del 7%, con lo cual resulta imposible exportar con rentabilidad.

Así, cuando se viaja por el interior, vemos que los productores de té en Misiones no tienen ya rentabilidad, que pasa lo mismo con los productores de limón en Tucumán, o los de uva de mesa en San Juan o los de fruta en Río Negro o Mendoza. Exportar vinos es una aventura que trae más pérdidas que ganancias, pero los mercados externos son difíciles de conquistar y no se quieren perder.

El problema principal es que la soja aguanta los altos costos argentinos y da rentabilidad debido a que su precio subió y está por encima de los 500 dólares la tonelada. Pero el precio del resto de los productos no subió y, por lo tanto, entran en crisis.

Así es como los pequeños productores del interior comienzan a sufrir los típicos problemas que origina el retraso cambiario.

Las provincias: Aquí el efecto es doble, en primer lugar, porque si bien quieren incrementar la presión fiscal, al haber perdido rentabilidad sus productores, no encuentran posibilidades de subir más los impuestos. Pero es más preocupante aún que los recursos fiscales que llegan por coparticipación ya no suben como antes.

Cuando Moreno decidió cerrar las importaciones, no tuvo en claro el impacto fiscal negativo que iba a producir y sobre todo en la coparticipación. Cuando un bien se importa, al nacionalizarse –es decir, antes de entrar al país, hay que pagar no sólo los aranceles, sino que además se adelanta el pago del IVA y de ganancia presunta.

Como consecuencia de la brutal caída de las importaciones, el IVA comenzó a mostrar signos de agotamiento preocupantes. Mientras el año pasado crecía al 33% comparado con el año anterior, hoy lo hace a sólo el 20%. Por lo tanto, las provincias comienzan a recibir muchos menos recursos. Como las provincias negociaron incrementos salariales del 21/23% y la coparticipación les crece al 19/20%, se está originando un bache fiscal cada vez más profundo y que ya pone en duda el pago no sólo de los aguinaldos, sino incluso de los sueldos.

Es en este escenario que las provincias comienzan a buscar alternativas de financiamiento que sólo consiguen a altas tasas de interés. Las solicitudes al gobierno federal chocan, ya que también comienza a agotar sus ingresos por el parate económico. Pero es claro que la opción del gobierno nacional es traspasarles la crisis a las provincias.

La sola posibilidad de que aparezcan cuasi monedas no sólo será un símbolo de un claro problema en la gestión, sino la aceleración del círculo vicioso en el que entró la economía argentina desde comienzos de año. El Gobierno tiene que entender que gran parte del problema son sus políticas y no la conducta de los argentinos. Prohibir, castigar, restringir, sólo lleva a agravar la situación y no a su solución.