"Sencillamente ha sido una estafa premeditada", afirma Saturnino López, de 65 años, mientras espera junto a un centenar de personas el inicio de una reunión de pequeños accionistas en una atmósfera de gran confusión.

"Me siento engañado porque las acciones que me vendieron, que decían que tenían un valor importante, resulta que tienen un valor cero", afirma este trabajador del sector energético, ahora jubilado, que hace diez meses invirtió 25.000 euros de los que ya perdió 15.000.

Cuarto mayor banco de España, con 11 millones de clientes, Bankia, fruto de la unión de siete cajas de ahorros, fue parcialmente nacionalizado la semana pasada debido a su peligrosa exposición a activos tóxicos acumulados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008.

Desde entonces, las noticias inquietantes se encadenan: primero la necesidad de provisionar €4.722 millones más para protegerse de la crisis en el sector inmobiliario, después, una posible revisión de sus resultados a raíz de una auditoría pendiente y por último rumores de retiradas masivas de dinero por los clientes, rápidamente desmentidos por el banco y por el gobierno.

Como consecuencia, su acción se desplomó durante diez días en la bolsa de Madrid. El viernes se invirtió la tendencia pero, pese a una muy fuerte alza de 23,49%, cerró la sesión en 1,75 euros, lejos de los 3,75 euros fijados cuando entró en bolsa el 20 de julio.

Como López, cientos de miles de ahorristas se convirtieron entonces en accionistas, insuficientemente informados, según ellos, sobre los riesgos.

"Estamos hablando de usuarios que tenían sus ahorros depositados en las cajas y a los que se embarcó de forma engañosa en la aventura de la bolsa en unos tiempos de crisis como la actual", asegura Fernando Herrero, secretario general de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).

"Era una forma muy cómoda de captar capital, una forma fácil y masiva de obtener un capital poco molesto" por su falta de voz y voto en la gestión de la entidad, afirma.

Esta agrupación intenta ahora reunir a los pequeños accionistas, unos 500.000 asegura, para llevar a cabo una acción legal colectiva.

En el momento de su salida a bolsa, Bankia ya "era un grupo inestable, con gran exposición al riesgo inmobiliario y a pesar de todas estas circunstancias se realizó una comercialización masiva de sus acciones a los clientes", asegura Santiago Pérez, responsable jurídico de la ADICAE.

El banco carga con una deuda de 31.800 millones de euros (u$s40.400 millones) en activos inmobiliarios problemáticos entre créditos de dudoso reembolso y edificios o terrenos confiscados en un mercado devaluado.

Isabel y Miriam Sánchez son hermanas y vienen por su padre, de 80 años, que puso sus ahorros, 50.000 euros, en títulos de Bankia. "Le han engañado totalmente, le dieron una información muy sesgada a la hora de vender estas acciones en un momento en que parece ser que la empresa ya estaba mal", afirma Isabel, de 37 años.

"El producto estaba envenenado desde el principio", agrega Miriam, tres años más joven.

Otros damnisficados

Además de este medio millón de "pequeños accionistas sobrevenidos" en 2011, la ADICAE contabiliza entre 100.000 y 120.000 ahorradores convertidos en propietarios de participaciones preferentes, ahora también devaluadas.

"Fue en 2009", recuerda Rosa Giménez, de 66 años, acompañada por su marido Félix, obrero industrial jubilado. "Fuimos al banco en el que llevamos 42 años, desde que nos casamos", explica.

"Nos recibieron muy bien y nos propusieron un producto que nos dijeron que era más interesante que un depósito a plazo", dice.

"Fue un engaño manifiesto, si nos dicen que esto eran participaciones a perpetuidad y que no podíamos sacar el dinero, no lo hubiésemos hecho", asegura.

Invirtieron 33.000 euros. "Hoy hemos recibido una carta informándonos de que se han devaluado un 25%", afirma su esposo.

Pedro López Pastor, mecánico retirado, de 67 años, está en la misma situación: "lo que yo firmé ponía que era a perpetuidad pero el director de mi sucursal me dijo que tenía que tenerlas un mínimo de cinco años". Al día de hoy, todos están de acuerdo en una cosa: llevar a cabo una acción legal.