De acuerdo a la carta enviada por Cancillería, la norma adoptada por el gobierno de Rajoy no debió ser permitida por la Unión Europea, ya que es incompatible con compromisos asumidos por el bloque regional en acuerdos de comercio internacional y con la normativa dictada por la Organización Mundial del Comercio.

En la nota se le recuerda al director general de Comercio de la UE, Jean Luc de Marty, que desde el 2010 la Argentina viene realizando gestiones ante España con miras de evitar la aplicación de medidas discriminatorias contra los países no miembros del bloque europeo.

En ese sentido, la Cancillería exige que el funcionario se expida sobre la normativa española, además de informar que, de no ser corregida, afectaría a la mitad de las exportaciones argentinas a España y casi el 10% de las exportaciones totales a Europa.

La medida fue anunciada el pasado 21 de abril por la vicepresidente de España, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la expropiación a Repsol de la empresa petrolera YPF.

El pasado año, el combustible le reportó al país unos 990 millónes de dólares, y, según la Cámara Argentina de Biocombustibles, nuestro país le vendió 272.898 toneladas de biodiésel a España en el primer trimestre del año, el 66,3% del total de las exportaciones.