El Ministerio de Seguridad de la Nación retirará de las 53 comisarías de la Policía Federal las pistolas, los revólveres y los Fusiles Automáticos Livianos (FAL) secuestrados y depositados en ellas por orden de la Justicia. A cambio, los trasladará a un lugar especial con mayor vigilancia humana y tecnológica.

La decisión de la cartera que lidera Nilda Garré fue adoptada luego del robo de 74 armas en la seccional 38ª , de Flores, según reveló la fiscal de instrucción porteña Mónica Cuñarro, a cargo de la investigación de ese asalto.

"La medida tomada recientemente, por la que se dispondría que no queden armas en las comisarías, es acertada. No es el único caso, ni en comisarías y menos si relevamos las decenas de casos protagonizados por piratas del asfalto de robos de armas que terminan en el mercado negro", señaló Cuñarro en diálogo con un matutino porteño.

Y remarcó: "Debe quedar en claro que aquí son muchas las responsabilidades, no sólo de algunos malos funcionarios policiales, sino de quienes están a cargo de la disposición de los objetos secuestrados: jueces y magistrados".

El disparador

El 16 de marzo, un oficial de la Policía Federal fue al depósito de la comisaría a buscar un arma que un tribunal oral solicitó como prueba de un juicio, pero el artefacto no estaba allí.

A partir de este hecho, el comisario Carlos Grandal, jefe de la seccional 38ª de Flores, denunció la desaparición 74 armas, en su mayoría pistolas nueve milímetros y revólveres calibre 22, incautadas en diferentes operativos.

La investigación quedó a cargo de Cuñarro, que ya tomó 40 medidas de pruebas, realizó un allanamiento e imputó a un oficial de la comisaría acusado de los delitos de hurto doblemente calificado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y destrucción de medios de prueba, entre otros.

La seccional 38ª de la Policía Federal tenía jurisdicción en la villa 1-11-14, que pasó a la órbita de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional cuando el Ministerio de Seguridad puso en marcha el Operativo Cordón Sur. La fiscal maneja hasta el momento tres hipótesis: que los compradores de las armas fueron narcos con asiento en la villa 1-11-14, que el robo fue perpetrado por piratas del asfalto o por mano de obra desocupada de fuerzas de seguridad.

Tras la denuncia de Grandal, el 19 de marzo pasado comenzó la investigación, y los instructores de la misma creen que las armas fueron escondidas en los bolsos donde los policías llevan la ropa, el calzado y los chalecos antibalas.

A partir de este hecho, comenzaron a realizarse relevamientos para saber si desaparecieron armas de otras dependencias de la misma fuerza.