Los acuerdos firmados en Subterráneos por los metrodelegados y por la UTA siempre fueron tripartitos: el Ministerio de Trabajo, la empresa Metrovías, el sindicato o los delegados.

Basta leer las actas acuerdo firmadas y la sede donde se realizaban las reuniones. Como ejemplo me remito a los acuerdos 138/2012 sobre creación de una nueva categoría laboral y el acuerdo 156/2012 sobre la comisión de seguimiento y control de los programas de formación donde participa el Ministerio de Planificación nacional. La Ciudad de Buenos Aires no aparece como firmante de las mismas.

Sin embargo, ahora el gobierno nacional quiere cambiar esta situación y obligar a la Ciudad a sentarse a la mesa de las paritarias.

Es evidente que quiere con esta acción dar por hecho que la Ciudad de Buenos Aires es empleadora y de esta manera reunir antecedentes en el conflicto entre la Ciudad y el gobierno nacional.

En primer lugar, la empresa Metrovías es la empleadora, ya que es quien tiene concesionado el servicio; en segundo lugar, si el Ministerio de Trabajo ha sido la autoridad de aplicación y quien homologó los acuerdos, se entiende el cambio de estatus solo en razón de la conflictividad existente y como antecedente para tener una prueba más en la Justicia.

Esto en cuanto a la cuestión laboral se trata. Es decir que la Ciudad de Buenos Aires no ha sido, hasta ahora, parte porque no tiene relación alguna ni la ha tenido tanto en paritarias como en los conflictos desatados donde todas las audiencias de conciliación fueron llevadas por el Ministerio de Trabajo.

Por otro lado, el gobierno nacional está llevando las cosas a un lugar adonde nunca debería haber llegado.

Enviar la Policía para sentar a un ministro es un acto ilegal, intimidatorio, de textura autoritaria y que refuerza un perfil de violencia y maltrato a la Ciudad de Buenos Aires, a su gobierno y a sus ciudadanos.

Como diputada nacional y como ex ministra de Trabajo, nunca hubiese ido a buscar a un ministro de Trabajo de una provincia por la fuerza, eso demuestra la violación al principio constitucional del federalismo y la autonomía. Utilizar el artículo 8 del Pacto Federal de Trabajo para llevar por la fuerza a un ministro del Gobierno autónomo es una interpretación errada y malintencionada de la ley. Además, es llegar muy lejos, demasiado.

Ciudadanos y representantes tenemos que estar atentos frente a esta actitud autoritaria y antidemocrática que el gobierno nacional dispara contra nuestra ciudad.

Diputada nacional Patricia Bullrich

Presidente de Bloque Unión por Todos