Durante el encuentro, Cristina Kirchner firmó el decreto 678 -publicado hoy en el Boletín Oficial- que crea una comisión encargada de redactar el anteproyecto de ley. La presidirá el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni. Acordaron no incluir el tema del aborto en la reforma

La presidente Cristina Kirchner firmó anoche el decreto 678 a partir del cual creó una comisión encargada de analizar la reforma al Código Penal y recibió a sus integrantes –la mayoría políticos de la oposición- en la Casa de Gobierno.
El decreto fue publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial. Allí se ordena la creación de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación.
La comisión estará encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni; y la conformarán los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), la delegada de la Gobernación de la provincia de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Barbagelata (FAP); y el ex ministro de Justicia de la Nación y de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
El Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, también fueron parte del cónclave.
Tal como se hizo meses atrás con el Código Civil, el objetivo es proponer al Poder Ejecutivo modificaciones al Código Penal para actualizarlo y adecuarlo a los tratados internacionales.
Fuentes allegadas a la reunión señalaron a Infobae.com que durante la audiencia, que se extendió por una hora, se acordó no incluir el tema del aborto.
También se habló de cómo el derecho penal actual abordó el tema de Amia así como el asesinato del juvenil de Banfield. Introducir el régimen penal juvenil en la reforma al Código Penal o bien que sea debatido de forma separada en el Congreso fue otro tema que los integrantes de la comisión pusieron sobre la mesa del despacho presidencial.
El lunes próximo, la comisión iniciará su primera reunión de trabajo en el Tribunal de Justicia. Disponen de 180 días para armar el anteproyecto de ley, que luego será elevado al Congreso para su tratamiento.