Gil Lavedra solicitó la presencia del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, entre otros, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal; de Finanzas, y de Presupuesto y Hacienda.

 "Como es de público conocimiento, a fines del pasado 2011, distintos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fueron denunciados ante la justicia federal por haber incumplido sus deberes y valerse de su influencia para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A", explicó el legislador.

En un comunicado, Gil Lavedra afirmó que "se han sucedido informaciones que dan cuenta de la operatoria irregular de las distintas sociedades comerciales involucradas en el sorpresivo cambio de rumbo en el destino de Ciccone Calcográfica".

"Al día de la fecha ni los funcionarios responsables, ni los directivos de las sociedades involucradas han ofrecido algún tipo de explicación al respecto", advirtió el diputado.

Para Gil Lavedra "parece claro que, por negligencia o voluntariamente, alguno o varios de los eslabones de la cadena de controles han fallado y que no sólo no se han adoptado medidas para remediar estas falencias, sino que se ha proseguido entablando relaciones con estas empresas".

En la causa se investiga cómo el fondo de inversión The Old Fund, que sería propiedad de Alejandro Vandenbroele, levantó la quiebra y se quedó con Ciccone.

Además, la causa intenta determinar si cometió lavado de dinero con los fondos para hacer la operación, y si el vicepresidente Boudou incurrió en el supuesto tráfico de influencias para beneficiar a esa compañía.