En una maratónica sesión, que arrancó ayer poco antes de la 13 y que se extiende aún, la Cámara baja sancionó casi todos los proyectos pedidos por el Ejecutivo que quedaban pendientes.

Así, dio media sanción a las leyes contra el lavado de dinero y el antiterrorismo. Además, modificó el régimen penal tributario y el régimen de contrato de trabajo agrario. También aprobó la iniciativa que declara de interés público la producción, fabricación y distribución del papel para diarios.

Ley antiterrorismo

Luego de intensas discusiones entre la oposición y el oficialismo, el pleno de la Cámara baja aprobó anoche por 134 votos a favor, 90 en contra y 2 abstenciones el proyecto sobre prevención y sanción del financiamiento del terrorismo. Ahora, el Senado deberá analizar el texto al semana próxima.

Para dar cumplimiento a exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Gobierno nacional envió al Parlamento propuestas para modificar dos artículos del Código Penal con el objetivo de castigar con mayor pena a los autores actos terroristas y a los responsables de recaudar fondos para ese tipo de hechos.

La oposición en el Congreso sostuvo que, debido a los conceptos vertidos en la redacción, se podrían dañar los derechos constitucionales que garantizan la protesta social.

Hubo fuerte discusión en el recinto sobre este aspecto, pero finalmente la controversia no prosperó y el texto original fue aprobado.

El proyecto incluye como agravante, dentro del artículo 41 del Código Penal, las penas para el terrorismo, para que queden comprendidos aquellos delitos de intimidación que tengan como finalidad aterrorizar a la población, al Gobierno y a organizaciones nacionales o internacionales.

El acto terrorista se configura ante la existencia de una asociación ilícita terrorista y que requiere una organización basada en redes internacionales, hasta ahora. Pero con la modificación cambiará la tipificación.

Las tipificaciones penales son delitos vinculados al lavado de dinero de ilícitos y al terrorismo, y que forman parte de un compromiso dela Argentinacon el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las modificaciones de los artículos 41 y 306

. Artículo 41 quinques: Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala, siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional.

. Artículo 306: Será reprimido con prisión de cinco a quince años y multa de dos a diez veces el monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito que tuviera la finalidad prevista en el artículo 41 quinques, independientemente de su acaecimiento.

Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

Lavado de dinero

El oficialismo también consiguió avanzar con esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. El texto aprobado busca aumentar las penas contra el lavado de activos.

La votación en general contó con 165 adhesiones, 57 desaprobaciones y 4 abstenciones, mientras que en el debate en particular el texto no sufrió modificaciones significativas, precisó Parlamentario.com.

De acuerdo al dictamen de mayoría sancionado, se incorpora al Código Penal "las principales conductas punibles que, conjuntamente con el lavado de dinero, afectan el orden económico y financiero".

Así, una de las nuevas figuras que el Gobierno aspira introducir en la legislación vigente es la tipificación penal del delito de abuso de información privilegiada que por sus características pueda alterar la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de valores negociables.

Al respecto, la normativa alcanzará a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de la sociedad y a todo aquel que acceda a la información privilegiada por ocupar un lugar dentro de la estructura societaria en la que prestan servicios o tareas.

Las penas previstas en estos casos van de dos a cuatro años de prisión, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación especial de hasta cinco años que pueden ser agravadas por las circunstancias.

Además, entre otras, la ley propuesta introduce la figura del cohecho financiero pasivo para reprimir con penas de prisión de dos a seis años a quien recibiera un beneficio o ventaja económica a fin de facilitar, permitir, ordenar o aconsejar la realización de operaciones en entidades autorreguladas.

Reforma al régimen Penal Tributario

El proyecto, que apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión, también fue aprobado esta madrugada por unanimidad.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo fue respaldada por 215 votos en la discusión general, con el respaldo del Frente parala Victoriay el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

Desde el Frente parala Victoria, Oscar Albrieu, explicó que la norma busca "reconocer el transcurso del tiempo ocurrido desde la sanción de la ley que lleva 14 años" y atribuyó los cambios impulsados a "razones de política criminal y tributaria" que, dijo, "llevan a modificar los montos por cuatro".

Albrieu precisó que la norma prevé además la eliminación de la `probation` "excluyendo toda suspensión de la pena" para los delitos tributarios e incorpora penas de1 a4 años para quiénes adulteren los sistemas informáticos y electrónicos" suministrados u homologados por el fisco nacional con el fin de evadir.

El radical Ricardo Gil Lavedra, respaldó la norma, al sostener que con la iniciativa "vamos a dar un buen paso adelante" y destacó que "adecua muchos elementos que había que retocar y la hacen un instrumento eficaz en la persecución contra la evasión".

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, destacó el consenso generado a través de la iniciativa, a la que consideró una norma "adecuada".

Se trata de un proyecto que multiplica por 4 los montos a partir de los cuáles la evasión constituye un delito, al elevar esa cifra de100.000 a400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual y establece penas de prisión de dos a seis años a los evasores.

Las penas serán de tres años y seis meses y hasta 9 años de prisión, cuando el monto evadido supere los 4 millones de pesos, intervengan personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto y el monto supere los 800 mil pesos o bien cuando el evasor utilice facturas o documentos falsos.

La iniciativa prevé además la eliminación de la ‘probation’ para los delitos penales tributarios y aduaneros e incorpora nuevas situaciones para la evasión agravada, entre otras cuestiones.

Esta iniciativa posibilitará además disminuir el flujo de nuevas causas en los juzgados con competencia en la materia y optimizar su gestión, mediante un previsible aumento de los casos resueltos con sentencia condenatoria, de acuerdo a los fundamentos

Estatuto del peón rural

Cerca de las 4 de la madrugada, la cámara de diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que crea un nuevo estatuto del peón rural, que amplía los derechos de para los trabajadores de ese sector.

El debate se inició en medio de una polémica planteada luego de que se aprobara la reforma a la ley penal tributaria, cuando el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, pidió continuar con la sesión hasta agotar el temario y comenzar a debatir el proyecto que establece el nuevo estatuto del peón rural.

Ese planteo generó el rechazo de los diputados del Frente Peronista y del PRO, que se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto, con fuertes críticas al oficialismo.

En el marco de otra maratónica sesión, los legisladores aprobaron también la iniciativa que declara de interés público la producción, fabricación y distribución del papel para diarios. El texto ya fue girado al Senado para que sea debatido la semana próxima.

De hecho, en busca de eso objetivo, la Comisión De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta firmó anoche mismo el dictamen de ese proyecto de ley aprobado por los diputados por lo que la iniciativa quedó lista para ser tratada por todo el cuerpo en la próxima sesión.