A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se fundamentó la iniciativa del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de la Trata de Personas "en virtud de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina" entre ellos "la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" para "prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños".

También se consignó el objetivo de "tipificar el delito de trata de personas y establecer las medidas destinadas a prevenir y sancionarlo, como así también asistir y proteger a sus víctimas" por lo que "se ha incorporado al plexo normativo argentino el delito de trata de personas, a través de la Ley sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas N° 26.364".

"Es una política del Estado Nacional la prevención de esta problemática, la protección de sus víctimas y la persecución de sus autores", se esgrimió en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Además, se indicó que "se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad, que reclama por mejores políticas coordinadas, para lo que se necesita un abordaje integral" sobre esta problemática. Por este motivo, "se torna imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos".

Ello se logra, se señaló, "jerarquizando el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la trata de personas en nuestro país sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas".

"La ausencia de datos de calidad y la diversidad de criterios en materia de recolección de información dificulta enormemente conocer en profundidad este fenómeno", se admitió, por lo que "la carencia apuntada sin lugar a dudas puede tornar inoficiosos, o al menos incompletos, los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas".

Se aclaró que "el perfeccionamiento del instrumento de almacenamiento y control de datos será desarrollado por el área de Política Criminal del Ministerio de Seguridad" en la resolución que lleva la firma de Nilda Garré.