La semana pasada, la Justicia dio lugar a un amparo presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) e instó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a remitir en menos de diez días todos los informes de seguimiento de gestión del Gobierno realizados durante 2009.

En total, deberá enviar 211 informes, entre los que sobresalen los vinculados con el manejo de organismos descentralizados, la situación de las cuentas de algunas empresas estatales y la distribución de fondos que realizaron diversos ministerios, según publica un matutino porteño.

Este fallo no es el primero. El año pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo le había dado también la razón al senador radical Gerardo Morales en un reclamo de informes a la Sigen, ya que reconoció la "legitimación" para acceder a documentación sensible para tomar sus decisiones como legislador.

Morales había reclamado por vía judicial que "se ordene ala Sigeny/o en forma subsidiaria al Poder Ejecutivo Nacional que cese la violación al derecho de acceso a la información y ponga a disposición de la ciudadanía en general a través de su plataforma digital oficial todos los informes producidos y aprobados por ese organismo con anterioridad a 2010 y todos los informes aprobados y a aprobarse con posterioridad a ese año conforme lo venía haciendo hasta fines de 2009".

El nuevo fallo deja constancia del faltante de datos, una vez más. Y, es ese sentido,la Cámara Federal de Apelaciones aclaró que “si bien la Sigen remitió 333 informes con fecha 29 de septiembre y 50 informes más con fecha 6 de diciembre, no se cumplió con la obligación legal impuesta al demandado, que consiste en la entrega de la totalidad de los informes emitidos por el organismo en el año 2009, que ascienden a un total de 594, según informa la propia Sigen en su memoria 2009".

Así, exigió entregar los 211 expedientes restantes. Para el presidente de la AGN, Leandro Despouy, la posibilidad de contar con esa información “tiene como fin último la realización de auditorias que sirvan al Poder Ejecutivo para una eficiente gestión de los fondos públicos que repercutirán en una mejor calidad de vida de los ciudadanos".