Funcionarios de ambos países se reunieron ayer en Buenos Aires, tras la entrada en vigor, el miércoles, de la norma que amplía de 400 a 600 los productos sometidos al régimen de licencias no automáticas para su importación a la Argentina, medida que causó un fuerte malestar entre los empresarios uruguayos.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario argentino de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales, Luis María Kreckler, y el director de Integración Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Pablo Porro, quienes presiden la Comisión Bilateral de Asuntos Comerciales, que ayer se reunió por segunda vez desde su creación en junio de 2010, informaron fuentes oficiales.

"El Gobierno argentino no tiene intención de poner trabas a las importaciones de sus socios del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay)", afirmó Kreckler durante el encuentro, antes de reiterar que esta polémica medida "no acarreará demoras ni desvío de comercio que los perjudiquen".

No obstante, acordaron "la implementación de un mecanismo de consultas permanente que permitirá solucionar cualquier inconveniente puntual que pueda producirse como consecuencia de la aplicación de las licencias no automáticas", según un comunicado difundido por la secretaría argentina de Industria.

Los funcionarios coincidieron "en la importancia de garantizar un sistema de consulta" para que la medida adoptada por Argentina "no afecte los flujos de comercio bilateral", añade el texto.

En rigor, la resolución adoptada por el Gobierno nacional no impide el ingreso de los productos comprendidos en la medida, sino que somete el trámite del permiso para importar a un proceso de revisión que puede durar hasta 60 días.

La Argentina amplió las licencias no automáticas bajo el argumento de proteger a determinados sectores industriales de una supuesta "competencia desleal" desde el exterior y asegura que la resolución no infringe ninguna norma de la Organización Mundial del Comercio.