La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó una restricción vigente desde hacía décadas sobre los aportes de las empresas a las campañas electorales. La decisión, largamente esperada y que recibió el respaldo de cinco de los miembros de la Corte, mientras que cuatro se opusieron, remueve gran parte de las trabas que tenían las corporaciones norteamericanas en períodos electorales.

Desde 1947, las compañías no podían donar dinero para un candidato en particular y sólo estaban autorizadas a manifestar su postura sobre temas concretos en avisos publicitarios.

Según la decisión de ayer, las empresas podrán dar fondos ilimitados para avisos publicitarios a favor o en contra de los candidatos en elecciones a nivel nacional. Sin embargo, siguen prohibidos los aportes directos a las campañas de los candidatos.

La Corte Suprema sostuvo que los límites que se habían impuesto al financiamiento de las campañas electorales van en contra de la libre expresión prevista en la Constitución de los Estados Unidos.

"El gobierno puede regular el discurso político corporativo a través de pedidos de responsabilidad y requerimientos legales, pero no puede suprimir ese discurso totalmente", escribió el juez Anthony Kennedy en nombre de la mayoría.

El presidente Barack Obama, en una declaración fuerte, criticó a la corte por dar "luz verde a una nueva estampida de fondos con intereses especiales" en la política norteamericana. "Es una gran victoria para las grandes empresas petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros de salud y otros intereses poderosos que utilizan su poder cada día en Washington para ahogar las voces de los ciudadanos normales", indicó.

Obama dijo que trabajará de inmediato con el Congreso para desarrollar una "respuesta vigorosa" que pueda mitigar los efectos de la medida. Entre las opciones figura obligar a las empresas a consultar a los accionistas sobre la forma en que se gastará dinero en campañas políticas.

La Corte Suprema también levantó las restricciones impuestas en 2002, que prohibían a empresas, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro lanzar avisos publicitarios en los últimos 30 días previos a una elección.

La decisión tiene como trasfondo la disputa por un documental sobre la actual secretaria de Estado Hillary Clinton, que fue financiado por la asociación "Citizens United", registrada como empresa.
 
La cinta retrata a Clinton de manera negativa y debía ser proyectada en 2008 en el punto culminante de la carrera contra Barack Obama por la candidatura demócrata a la presidencia en una emisora privada. La Comisión Electoral prohibió la emisión del documental, por lo que "Citizens United" presentó una demanda. El caso terminó finalmente en la Corte Suprema, que decidió revisar exhaustivamente las reglas vigentes hasta ahora.