Es que según estiman los especialistas la anulación del sistema de tickets generaría reclamos hacia atrás por los vales que ya fueron entregados. La norma, que obligará a transformar, en un plazo de 20 meses, en sumas remunerativas los montos que las empresas dan a sus empleados en tickets para compra de alimentos o en vales para almuerzo.

Según dijo a La Nación el abogado Daniel Funes de Rioja, principal asesor de la Unión Industrial Argentina (UIA), el riesgo de litigiosidad es más alto en los casos en que los vales se dieron en forma unilateral, como decisión de la empresa y no como resultado de una negociación al amparo del convenio colectivo.

Otro de los analistas destacó que la ley no resuelve el tema de los eventuales reclamos por los tickets entregados en el pasado. Pedro Etcheverry, asesor de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), sostuvo que algo similar ocurrió con los llamados contratos promovidos, con bajas cargas sociales, que tenía la ley de reforma laboral de los 90.

"Esas modalidades luego fueron derogadas y hubo reclamos por insuficiencia de aportes ingresados por los empleadores durante su vigencia", afirmó. Y agregó que una reglamentación debería aclarar qué pasa con la vigencia de los tickets en cuanto a su capacidad de ser medios de pago.

En el sector empresario existen temores por la posible salida del mercado de algunas firmas emisoras. El régimen de los tickets, en rigor, no desaparecerá del todo, ya que seguirá siendo válido para el sector público no comprendido en la ley de contrato de trabajo. Pero ello puede originar muchos juicios contra el Estado.

Es que los trabajadores sentirán la discriminación en el tratamiento del pago que reciben en relación con los empleados del sector privado. Según el abogado Gustavo Gallo, la nueva ley, que calificó como "un error", abre interrogantes sobre el futuro de otros beneficios sociales, como los reintegros por gastos de medicamentos o la entrega de útiles escolares.