De acuerdo a los primeros indicios la administración de Cristina Fernández será una virtual continuidad de lo hecho en ambos campos por su antecesor y marido, Néstor Kirchner.

Aún sin asumir, la Presidenta electa tomó el primer convite que tuvo a mano y ratificó la estrategia (casi nunca cumplida) de acuerdos de precios como política directa contra la inflación.

Así, lanzó una "canasta de precios navideña" con precios acordados, para frenar la catarata de anuncios sobre aumentos del orden del 30% para estos productos que sorprendieron a los consumidores en los últimos días.

Por otra parte, distintas fuentes dan por segura la ratificación de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, lo cual implica además la continuidad de la cuestionada política sobre el INDEC.

En consecuencia, ante este panorama comienzan a generarse dudas sobre el margen de maniobra que tendrá el designado ministro de Economía, Martín Lousteau.

Pero además de continuar con los anuncios de "precios acordados" la administración entrante tendrá que encontrar los incentivos adecuados para aumentar la inversión privada y la oferta de bienes que satisfagan el permanente aumento de la demanda agregada.

Al mismo tiempo, tendrá que comenzar a cerrar los grifos del gasto público, desbocado en los tiempos electorales.

Asimismo, en tiempos globalizados el escenario interno no podrá divorciarse del plano internacional y por eso el gobierno de Cristina Fernández tendrá que estar alerta al panorama financiero, ya que de persistir la actual situación en los mercados la Argentina podría verse afectada y resentir su potencial crecimiento por el encarecimiento del crédito interno.

De allí que será fundamental despejar el camino y avanzar en un acuerdo con el Club de París -al que se le deben u$s6.100 millones- lo cual acercaría a la Argentina a la comunidad financiera internacional, tanto como para acceder a fondos frescos como para obtener inversiones.

El circuito se cerraría logrando terminar de reestructurar los u$s20 mil millones en bonos que están en poder de quienes no ingresaron al canje de deuda.

En lo que respecta a la redistribución del ingreso nada se ha escuchado acerca de una potencial reforma tributaria, una de las herramientas más contundentes para lograr achicar la brecha entre ricos y pobres.

Los últimos datos oficiales dicen que el 10% de la población de mayores ingresos tiene una renta 30 veces superior a la del 10% más pobre.