"Yo soy fiscal y no defensor. Este es un tema de derecho muy sensible, muy finito y hay que estudiarlo en profundidad, con argumentos juridícos, lo nuestro es un dicatamen jurídico", explicó Palacín para derribar la andanada de críticas que sectores izquierdistas levantaron para repudiar la decisión en la causa que investiga el crimen del militar.
 
En este sentido, advirtió que "los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos por otra fuerza que tenga cohesión, si bien no está el Estado, hay algún tipo de oragnización".

Así, aclaró que se realizó "un estudio muy profundo del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), un brazo armado que era un ejército guerrillero regular, tenía batallones y compañías, llegaron a tener entre seis mil adherentes".

Precisamente, el ERP se adjudicó el secuestro del coronel Larrabure en agosto de 1974, durante el copamiento de la fábrica militar de Villa María, Córdoba, en plena presidencia de Isabel Perón. El militar fue ahorcado por sus captores tras un cautiverio de 372 días.

"Hay sectores que salen a matar al mensajero", dijo para rechazar las críticas por su resolución "pero este es un caso de derechos, lo analicé con muchísimos argumentos, con tratados internacionales. Hay un sujeto pasible de ser sujeto activo para cometer crimenes contra la humanidad. Este fallo lo que hace es abrirle la puerta a la Justicia para investigar, el encargado de ponerle un punto final será la Corte Suprema de la Nación".