Entre diciembre y julio pasado Shell fue multada 32 veces por presunto desabastecimiento de gasoil, lo que llevó a que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hiciera denuncias penales que quedaron en manos del magistrado Aguinsky.

El juez argumentó que no tiene atribuciones para imponer las sanciones que pide el Gobierno nacional para los ejecutivos de la petrolera. El único castigo privativo de la libertad que podría imponerse es el "arresto de hasta 90 días", también previsto en la mencionada ley.

Lo que ocurre es que la Ley dice que deberá ser aplicada por un "juez nacional en lo penal económico", pero el Código Procesal Penal no autoriza a estos magistrados a juzgar delitos con penal tan altas, ya que existe un tope de tres años.

"El derecho penal, según nuestra Constitución, también debe esgrimirse para establecer límites al avance del poder estatal sobre los derechos de los ciudadanos", explicó Aguinsky, según informa hoy el diario La Nación.

Pero no todas fueron malas noticias para Moreno. Aguinsky le aceptó el pedido para ser querellante, en el marco de la causa presentada por el gobierno contra la petrolera Shell por desabastecimiento de gasoil.

La situación que enfrenta a Shell con el Gobierno nacional no afectará las relaciones entre la Argentina y los países de origen de la petrolera. Las embajadas de Holanda y de Gran Bretaña consideraron que el conflicto es una cuestión exclusiva de una empresa privada y que no involucrará en ninguna gestión.